La serie de irregularidades ocurridas no sólo el día de la elección, sino en todo el proceso, indican que Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de manera ilegal, aunque la autoridad electoral declare legal la jornada, advirtió la directora ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Rocío Culebro.

Destacó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) regresaría a Los Pinos con los mismos mecanismos que practicó durante 70 años, como son la compra y coacción del voto, el reparto de dinero a través de miles de tarjetas Monex y Soriana –de estas últimas distribuyó un millón 800 mil, de acuerdo con la denuncia del Movimiento Progresista– y los señalamientos de presuntos vínculos de integrantes del tricolor con el crimen.

En realidad, alertó la activista, se trata de una democracia maquillada por la serie de irregularidades registradas durante el proceso, las cuales hacen dudar de su legitimidad.

Por ejemplo, el IMDHD cuenta con información de que en comunidades de la sierra guerrerense varias personas fueron secuestradas y llevadas a casas de seguridad en el estado de México para presionarlas con el objetivo de que hicieran proselitismo en sus comunidades en favor del Revolucionario Institucional. Sin embargo, la gente no lo ha querido denunciar porque tiene mucho miedo.

Asimismo, en la parte sur de Morelos, añadió, secuestraron a regidores de otros partidos para presionarlos a votar por el PRI, y también hay testimonios de que fue comprado el voto en 4 mil pesos.

El reto estará en la manera en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desahogará las pruebas presentadas antes y durante la jornada de votación, dijo.

Gran parte de la ciudadanía olvida la historia y el papel que ha jugado el partido de Peña Nieto, agregó. Con el PRI hubo devaluaciones, quedaron en el olvido el campo y los campesinos, se vivió una represión muy dura y ya vimos que Peña Nieto gobierna con la represión, como quedó demostrado en el caso Atenco.

Las irregularidades registradas, enfatizó Culebro, hacen necesaria una nueva reforma a la ley electoral para que se establezca con claridad la fiscalización de los recursos o la manera de hacer efectivas las denuncias de compra y coacción del voto, entre otros puntos.

En tanto, la secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Agnieska Raczynka, apuntó que las denuncias presentadas a lo largo del ejercicio no son menores, por lo que las autoridades electorales tienen que dar respuesta a la ciudadanía, además de que el acceso a la información y la equidad en los medios de comunicación es un tema que convoca a un análisis urgente.

México enfrenta serios retos en este ejercicio que pretende ser democrático, dijo. Algunos son la libertad de expresión, el acceso equitativo a la información, puntos que ha puesto en el debate el movimiento #YoSoy 132 y que deben de profundizarse e institucionalizarse de alguna manera, apuntó.