El magistrado Flavio Galván Rivera, integrante de la comisión que elaborará el proyecto de calificación de la elección presidencial, advierte que no debe descartarse un nuevo recuento de votos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Aun cuando la reforma de 2007-2008 encomienda la apertura de paquetes a los consejos distritales, el magistrado considera que sí puede darse esa posibilidad en el TEPJF.

Es una circunstancia que aparentemente no procede, (pero) si se pidiera, se analizara y resolviera que sí procede, habría que ordenar ese nuevo escrutinio y cómputo de la votación de todas las casillas, dijo a La Jornada.

–¿En qué circunstancia podría ocurrir el recuento total?

–Lo estoy meditando. No sé exactamente la hipótesis en la que se pudiera dar, pero no es difícil; en materia jurisdiccional debemos privilegiar el acceso a la justicia y eso no significa sólo presentar demanda, sino llevar a cabo el proceso con todas las reglas, no sólo las previstas en la ley, sino en la jurisprudencia y en la doctrina. Entonces, de la argumentación de los actores o de la determinación de los jueces pudiera resultar esa posibilidad. De momento no tengo claro el supuesto en que pudiera ser, pero no debemos descartarlo de manera total.

Es plausible la postura de AMLO

Galván, quien ha sido testigo del desarrollo político electoral del país durante 25 años –desde 1987, cuando los casos en la materia eran atendidos por un tribunal de lo contencioso–, considera que el anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que impugnará los resultados de la elección –y no realizar un plantón en Paseo de la Reforma, como en 2006– es una acción plausible, en un proceso electoral que se caracterizó por estar judicializado.

Me da gusto, porque las diferencias deben ser siempre resueltas en los tribunales. El artículo 17 de la Constitución establece que nadie puede hacerse justicia por propia mano ni ejercer violencia para exigir el respeto a sus derechos; (la de López Obrador) es una conducta plausible. Esto de alguna manera demuestra credibilidad en las instituciones.

Asegura que todo lo que el candidato argumente en las demandas debe ser motivo de análisis cuidadoso, porque “los jueces estamos para escuchar a los justiciados; sólo cuando alguien demanda sin razón se dice que promueve un recurso frívolo.

“Esa ha sido la premisa (en el TEPJF), de que con razón o sin razón tiene derecho a demandar y, por tanto, no debe ser considerado frívolo. Con todo lo que dijo (López Obrador el lunes), tiene derecho de venir. Siempre es mejor permitir que el que cree que tiene razón llegue a un tribunal a decirle: ‘veniste de manera torpe y, por tanto, te sanciono’.”

–En algunos casos los magistrados parecen dar la razón a los quejosos, pero de pronto aluden a algún precepto legal y les dicen: lo siento, no alcanza para darte la razón.

–Yo nunca he dicho no alcanza; una situación es jurídica o es antijurídica, legal o ilegal, lícita o ilícita, es causa de nulidad o no lo es.

Es común que en las discusiones del TEPJF Galván defienda a capa y espada su postura, y ahora tampoco cierra la puerta a que los jueces electorales experimenten otros caminos.

El magistrado, doctor en derecho, representa un caso de la cultura del esfuerzo. Él mismo cuenta que para llegar a clases a Ciudad Universitaria tenía que salir a las cinco de la mañana de su casa, en Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, el último pueblo del Distrito Federal, y viajar entre gallinas y guajolotes.

Vivió esas dificultades en los años 70. En la actualidad, como magistrado, tiene un grupo de trabajo de egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, sus ex alumnos, y asegura que todos, él incluido, tienen un concepto de república.

Ahora tiene otros retos para asirse a sus convicciones ante opiniones distintas, como el 6 de junio pasado, cuando al discutir los promocionales de campaña proselitista declaró que en lugar de escuchar debate de ideas, pareciera que vemos una guerra de jóvenes donde unos avientan lodo a los otros. Al final, el tribunal avaló (con cinco votos contra dos) las prácticas vinculadas a las campañas negativas.

Relata que la transición de 2000 fue tersa, política, sin grandes discusiones, casi como un movimiento automático. La calificación ocurrió el 2 de agosto y se interpusieron dos juicios.

En cambio, en 2006 hubo 375 juicios; el proceso fue muy intenso, se abrieron más de 11 mil paquetes electorales en el país.

Desde su tarea como fedatario (secretario de acuerdos) en ese tiempo, asegura que en ese episodio el tribunal tuvo una gran actuación, prudente, estrictamente apegada a derecho, porque emitió su dictamen de acuerdo con el sistema constitucional vigente.

Ese año, la anulación de la elección presidencial no estaba prevista en la ley; no obstante, Galván considera que sí podría acudirse a esa figura.

En la actualidad, tras las reformas constitucional y legal, la norma prevé la nulidad de la elección por irregularidades graves en 25 por ciento de las casillas instaladas o más. A escala federal, advierte, el rebase de gastos de campaña, la inequidad o el uso de recursos ilícitos no son causales previstas en la ley para anular la elección.

La comisión que elaborará el proyecto para calificar la elección presidencial está integrada por los magistrados Galván Rivera, Salvador Nava Gomar y Constancio Carrasco Daza, quienes presentarán al pleno de la sala superior del TEPJF un dictamen que deberá votarse a más tardar el 6 de septiembre.