Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinarán si la copia de la averiguación previa contra los militares que presuntamente violaron a la señora Ernestina Ascensión Rosario, nahua de 73 años, debe ser entregada a sus familiares.

En la sesión de este jueves, el pleno de ministros empezará la discusión del amparo solicitado por Patricia Benítez Pérez, hija de la indígena fallecida el 26 de febrero de 2007 en Soledad Atzompa, Veracruz, cuya primera necropsia reveló que había sido atacada sexualmente. Sin embargo, el propio presidente Felipe Calderón afirmó que murió por gastritis y no se ejerció acción penal contra los inculpados.

Los ministros resolverán la solicitud de amparo, en la que se demanda acceso a la averiguación previa y a la documentación con base en la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz resolvió no actuar penalmente contra los soldados involucrados en los hechos.

Por primera vez, los ministros dictaminarán un asunto que tiene que ver con militares acusados de cometer un delito en agravio de un civil, en el que la autoridad correspondiente decidió que no había elementos para continuar el desarrollo de la indagatoria.

Se espera una votación dividida en el pleno, ya que hay juzgadores que consideran que debe prevalecer el principio de máxima publicidad de la información pública, mientras otros sostienen que la autoridad tiene facultades para no entregar los datos requeridos cuando puedan constituir un riesgo para quienes estén relacionados con los hechos.

El 10 de julio de 2008, Benítez Pérez hizo una solicitud de acceso a la totalidad del expediente concluido 140/2007/AE, así como a la indagación 140/2007 de la agencia del Ministerio Público investigadora especializada en delitos contra la libertad y seguridad sexual y contra la familia del estado de Veracruz.

Ante la negativa de la dependencia a entregar la información, el pasado 18 de agosto la quejosa presentó un recurso de revisión ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el cual confirmó la negativa.

Posteriormente presentó una solicitud de amparo en la que demanda la inconstitucionalidad del artículo 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Veracruz, recurso que será resuelto en definitivo en la Corte.