La Procuraduría General de la República (PGR) giró órdenes de localización y presentación en contra de ocho agentes federales ministeriales para determinar el grado de responsabilidad que cada uno tuvo en un operativo antidrogas y el asesinato de una persona en Mexicali, Baja California, en septiembre de 2010.

De acuerdo con información obtenida de funcionarios de la dependencia, los agentes federales que participaron en ese operativo que concluyó con el asesinato de Armando López Andrade sí contaban con una orden judicial para catear el domicilio de esa persona, ya que supuestamente allí se almacenaban drogas.

De acuerdo con la recomendación 26/2012, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante el operativo, realizado el 24 de septiembre de 2010, se encontraron diversas sustancias, al parecer ilícitas, por lo que los elementos policiales procedieron a la detención de cuatro personas, que fueron puestas a disposición de la autoridad ministerial respectiva. La diligencia concluyó a las 19:30 horas de la fecha.

Precisa que en el lugar cateado fue encontrado el cadáver de una persona, quien, según el dicho de una de las víctimas, falleció a consecuencia de las lesiones que le provocaron los citados elementos de la Policía Federal Ministerial. De acuerdo con los los denunciantes, murió a causa de los golpes que los agentes federales le propinaron con sus armas.

Hasta el 12 de mayo pasado la PGR no había iniciado ningún procedimiento en contra de los agentes; por ello, la CNDH dio a conocer la recomendación. En respuesta, la procuradora Marisela Morales Ibáñez ordenó el pasado miércoles que se atendiera el caso, se aceptara la recomendación y se giraran las correspondientes órdenes de localización y presentación de los elementos de la Policía Federal Ministerial involucrados en los hechos.