roducto, sin duda, de la efectivísima cuan resultona política económico-social del régimen, México es reconocido internacionalmente y acumula galardones que nadie envidia. Uno de ellos, tristemente, se lo ha ganado a pulso por ser una de las naciones latinoamericanas con mayor población juvenil que ni estudia ni trabaja, ante la falta de oportunidades y el desinterés gubernamental. Así, medalla de bronce –compartida con Nicaragua– por mayor número de ninis (cerca de 8 millones) en el contexto subregional, sólo superado por Guatemala y Honduras.

Se trata de los mismos ninis que, con la sensibilidad social que lo caracteriza, el gobierno calderonista descalificó por herejes (no creen en Dios, les dijo Felipe Calderón el 26 de junio de 2009), de tal suerte que, para corregirse, su mejor oportunidad (el de Los Pinos dixit) es integrarse al aparato de seguridad del Estado; las secretarías de Gobernación y de Educación Pública (con Fernando Gómez Mont y Alonso Lujambio a la cabeza) negaron rotundamente su existencia (no exageren: sólo son 285 mil, según versión pública de agosto de 2010); la Secretaría de Desarrollo Social, con Heriberto Félix Guerra en la oficina principal, los tildó de “esquezofrénicos” por echarle la culpa a los demás (en el mismo mes y año), y así por el estilo.

Y mientras desde el poder negaban su existencia, el número de ninis mexicanos crecía a paso veloz, como lo documenta la Cepal en su Informe regional de población en América Latina y el Caribe 2011 (Invertir en juventud), recientemente salido del horno, en el que da cuenta de que México ocupa el tercer lugar regional en número de jóvenes (25 por ciento del total) que ni estudian ni trabajan, sólo atrás de Guatemala y Honduras, empatado con Nicaragua y por arriba de El Salvador. México, pues (esa potencia económica envidiada por todos, de acuerdo con el discurso oficial) mantiene a sus jóvenes en condiciones verdaderamente lamentables. La deuda política, económica y social del régimen con la juventud es enorme y creciente, pero hoy la autoridad se sorprende de que esos jóvenes se manifiesten y tomen las calles.

Ya en el plano regional la Cepal subraya que el hecho de que cerca de 25 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años no pueda satisfacer sus necesidades mínimas en América Latina, incluidas las alimentarias, impide el ejercicio efectivo de los derechos que les han sido reconocidos y, ante los desafíos del bono demográfico, obstaculiza el desarrollo sustentable de la sociedad en la que viven. Los datos vuelven a confirmar las tristemente célebres inequidades étnicas y de género en la región, donde se observa mayor incidencia de la pobreza en el caso de las mujeres en todos los países. En Ecuador y México, la brecha entre hombres y mujeres asciende a más de cinco puntos porcentuales, mientras en Paraguay, Honduras y Perú apenas ronda el uno por ciento. En el caso de la migración a Estados Unidos según datos de 2007, 5.5 millones de jóvenes de América Latina y el Caribe, de edades entre 15 y 29 años, vivían en esa nación, lo cual representa un porcentaje mayor al 25 por ciento del total de inmigrantes de estos países; la gran mayoría de los mismos son jóvenes provenientes de México.

Los jóvenes de la generación de los años noventa, apunta el organismo, han nacido y crecido en un entorno marcado por las crisis económicas, y las profundas transformaciones de las sociedades latinoamericanas. A la crisis de la década de los ochenta y sus repercusiones en materia laboral y de pobreza, siguieron las políticas de ajuste y una mayor presencia del sector privado en la provisión de servicios sociales. Estas condiciones han marcado el contexto institucional en que se han desarrollado las relaciones entre el Estado, el sector privado y las juventudes en la región, y que aún son mediadas por un acceso segmentado al sistema educativo, así como a las oportunidades que se abren en los espacios laborales para su inclusión socioeconómica. Los datos sobre empleo juvenil en América Latina y el Caribe muestran una situación precaria y todavía lejana del cumplimiento de los objetivos y principios expresados en diversos instrumentos internacionales.

El panorama en América Latina muestra claros rezagos en materia de estándares del trabajo decente para su juventud, tanto en lo que respecta a las condiciones requeridas para su autonomía y emancipación, como a la protección ante la vulnerabilidad a la pobreza. Si bien la participación laboral, la ocupación y el desempleo entre los jóvenes han experimentado una evolución positiva en el tiempo, incluso en un contexto de crisis financiera, persiste no obstante un escenario caracterizado por la exclusión de vastos sectores de la población y una marcada desigualdad en el acceso a las oportunidades laborales. Esta desigualdad afecta con mayor intensidad a quienes habitan en áreas rurales y, contrariamente a lo que sucede con la educación, a las mujeres jóvenes. De esta forma, no existen plenas garantías respecto del derecho al trabajo en la región.

En países como México, se observa una brecha superior a 30 puntos porcentuales en la asistencia a un establecimiento educativo de los jóvenes del tramo de 15 a 19 años de edad entre los que pertenecen al quintil de menores recursos y aquellos que integran el quintil de mayores recursos, lo que da cuenta de una alta desigualdad en las condiciones de acceso a la educación, señala la Cepal. Poco más de un tercio de los jóvenes de entre 15 y 19 años de América Latina y el Caribe no asisten a ningún establecimiento educativo, lo que revela brechas relevantes en la finalización de los estudios secundarios y en el paso a la educación terciaria. Se observa una tendencia generacional a un menor acceso y conclusión de los niveles educativos por parte de los hombres jóvenes. Lo anterior puede ser explicado por dinámicas de temprana inserción laboral que pueden conspirar contra la oportunidad de los jóvenes de acumular activos importantes para sus proyectos de vida presentes y futuros.

Las rebanadas del pastel

La cosa es calmada (Clavillazo dixit): la Fepade podría tardar más de tres meses en resolver las averiguaciones previas relacionadas con el caso de las tarjetas de Soriana, presuntamente utilizadas para comprar sufragios, revelaron funcionarios de la PGR (La Jornada, Gustavo Castillo). ¡Felicidades!, mexicanos impacientes, que cuando tal fiscalía se pronuncie (si es que algún día lo hace) sobre el asunto de la compra del voto, ya el Tribunal Electoral habrá declarado presidente copetón electo, es decir, se repetirá el numerito de 2006, cuando el propio TEPJF sentenció que la elección no fue limpia, pero vale. ¿Lentitud o complicidad?

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