Luego de que el Instituto Federal Electoral (IFE) dio a conocer la cifra oficial del cómputo de la elección presidencial, las dirigencias de los partidos que integran el Movimiento Progresista denunciaron la complicidad y omisión del organismo con la campaña del priísta Enrique Peña Nieto, y cuestionaron la pasividad para resolver las quejas en contra del presunto financiamiento ilícito del ex gobernador mexiquense.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, estimó que sin contar el gasto involucrado en las miles de tarjetas de Soriana que habría distribuido el PRI hacia el final de la campaña para la compra y coacción del voto, Peña Nieto habría gastado más de mil 800 millones de pesos, lo que supone haber rebasado casi seis veces el tope de campaña para la Presidencia.

Apenas concluida la sesión en la que se presentaron los resultados finales del cómputo presidencial, los dirigentes del Movimiento Progresista ofrecieron una conferencia en la macrosala de prensa del IFE, para acusar a los consejeros de ser omisos en cuanto a las irregularidades registradas.

Sin embargo, anunciaron que la posición definitiva ante el proceso, que consideraron estuvo plagado de irregularidades, la ofrecerá hoy el candidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador.

Anticiparon que en el transcurso de esta semana formalizarán los recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tanto a escala distrital como de la elección presidencial.

Cuestionado sobre el rumbo que tendrá la inconformidad del movimiento, Zambrano aseguró: serenos hemos estado; ahí están los hechos que acreditan nuestra actuación, pero serenidad no es sinónimo, no debe entenderse como complicidad con quienes no estuvieron a la altura para cumplir y actuar con probidad.

A decir de la dirigencia del Movimiento Progresista, el IFE falló en conducir el proceso electoral: falló, se burocratizó, no hizo su trabajo y por ello se hizo cómplice por omisión y por inacción de las violaciones a la ley, y apareció como un instituto que, teniendo dientes (que le dio la reforma electoral 2007-2008), pareció desdentado; es duro decirlo, pero es la realidad.

En este contexto, los líderes del PT, Alberto Anaya, y de Movimiento Ciudadano, Luis Walton, así como el coordinador de la campaña presidencial, Ricardo Monreal, cuestionaron el papel de los consejeros electorales, que validaron nuevamente los déficits de la democracia mexicana y permitieron que por la vía del exceso de gasto se desequilibrara la elección.

Entre las principales acusaciones al IFE destacaron las relacionadas con el manejo del dinero, tanto en la denuncia de una presunta triangulación en Estados Unidos de 56 millones de dólares como en el financiamiento ilícito de al menos 70 millones de pesos a través de los monederos electrónicos que una empresa aportó para pagar la estructura priísta.

Monreal acusó al responsable de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalina, de asumir una actitud pasiva frente a la demanda de la izquierda de congelar las cuentas de Monex para impedir la operación de la compra y coacción del voto. De igual forma, por plantear que formalmente tiene hasta cinco años para concluir las indagatorias sobre el gasto de campaña.

A pregunta expresa, Zambrano manifestó que mantendrán su protesta contra el resultado de las elecciones por la vía pacífica y dentro de los cauces de la legislación electoral. Sin embargo, no quisieron detallar las directrices que contendría el recurso que presentarían entre miércoles y jueves, cuando venza el plazo que tienen para impugnar la elección presidencial.