El plazo constitucional para la promulgación de la Ley de Víctimas venció el 19 de junio, por lo que el “veto de facto” del titular del Ejecutivo federal a esa normativa carece de efectividad jurídica y es extemporáneo, aseguraron casi 30 organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos.

El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el Centro Nacional de Comunicación Social, Fundar, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la Comisión de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, entre otras agrupaciones, y personalidades como Santiago Corcuera, John Ackerman, Brisa Solís y Carlos Cruz, entre otros, dieron a conocer un pronunciamiento en el que subrayaron que las recientes observaciones presentadas por el gobierno calderonista están fuera de tiempo y no influyen de manera alguna en el curso que siguió al plazo constitucional. Por ello, demandaron que a la brevedad sea publicada esta norma.

El miércoles pasado, las autoridades federales dieron a conocer que Felipe Calderón Hinojosa propuso modificaciones al proyecto de esta ley, con el propósito de mejorarlo, fortalecerlo y enriquecerlo. Aclararon que no se trata de un veto presidencial y convocaron a legisladores y organizaciones de la sociedad civil a participar en una mesa de trabajo que en poco tiempo concluya con un nuevo documento, que sería analizado por el Congreso de la Unión en un eventual periodo extraordinario de sesiones.

En respuesta, los firmantes del documento resaltaron: Pese a que el pasado primero de julio el presidente de la República envió un conjunto de observaciones al dictamen de Ley General de Víctimas aprobado el 30 de abril pasado, con el propósito de discutir algunos aspectos de trámite, armonización con otras legislaciones y atribuciones legislativas en torno a los derechos de las víctimas. Estos señalamientos no influyen de manera alguna en el curso que siguió el plazo constitucional para que el Ejecutivo federal emitiera observaciones o, en su defecto, se considerara como promulgada esa norma.

Indicaron que el artículo 72, apartado B, de la Constitución, asienta que todo proyecto que no hubiera sido observado por el Ejecutivo 40 días después de haberlo recibido del Congreso “será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los 10 días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sin que se requiera refrendo”.

El proyecto de la Ley de Víctimas, recordaron, fue enviado por el Congreso a la Secretaría de Gobernación El 10 de mayo, por lo que los 30 días naturales para las observaciones de Felipe Calderón, contemplados en la Constitución, vencieron el 9 de junio. A esta fecha se deben sumar 10 días más para la promulgación, los cuales se cumplieron el 19 de junio pasado.

Las ONG mencionaron que el 29 de junio el presidente de la mesa directiva del Senado, José González Morfín, envió al titular de Gobernación, Alejandro Poiré, un oficio en el que solicitó al Ejecutivo federal girar instrucciones a quien correspondiera, “a fin de que se publique en el DOF el decreto por el que se expide la Ley General de Víctimas, aprobado por el Congreso de la Unión el 30 de abril” de 2012.

Al respecto, los activistas, académicos y organizaciones demandaron que a la brevedad sea publicada esa normativa, de acuerdo con lo que asienta la Constitución.