A pesar de las recurrentes críticas del presidente Felipe Calderón a la labor de los jueces federales y de los cuestionamientos sobre presuntos actos de corrupción, hasta la fecha el gobierno federal se ha negado a colaborar con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en investigaciones inconclusas en las que existe la sospecha de que secretarios, jueces o magistrados incurren en actos ilícitos.

Funcionarios del Poder Judicial Federal (PJF) revelaron lo anterior y lamentaron la falta de colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las indagatorias que lleva a cabo el CJF cuando ha detectado conductas irregulares de funcionarios judiciales o cuando existen denuncias expresas sobre la actuación de los juzgadores, casos en los que se necesita cruzar información sobre las finanzas de los funcionarios sospechosos.

De acuerdo con información oficial, hasta la fecha ocho jueces y dos magistrados federales están suspendidos porque son investigados por presuntas faltas graves. De 1995 a mayo de 2012, siete magistrados de circuito y 11 jueces de distrito han sido destituidos por faltas graves a la disciplina y a la impartición de justicia, además de cuatro secretarios de tribunal, 14 secretarios de juzgado, seis actuarios judiciales, cinco oficiales administrativos y otros dos funcionarios, para un total de 49.

En cambio, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el CJF firmó en noviembre pasado un acuerdo que autoriza la revisión de cuentas bancarias, contratos de inversión y operaciones financieras de los jueces, magistrados y de cualquier trabajador que esté sujeto a investigación por parte del CJF en los casos en que haya indicios de presuntos actos de corrupción.

Los consejeros de la Judicatura Federal se han topado con la negativa de la Unidad de Inteligencia Financiera a firmar un convenio que les permita dar seguimiento a la evolución presupuestal de los funcionarios y detectar los casos en los que los egresos de los juzgadores y sus principales colaboradores no coincidan con sus ingresos.

Los entrevistados comentaron que es muy difícil detectar a un funcionario corrupto sólo a través de su declaración patrimonial, por lo que es necesaria la colaboración de las autoridades hacendarias para detectar movimientos sospechosos que alerten al CJF sobre posibles actos de corrupción de sus funcionarios.

Y precisamente, subrayaron, la falta de colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera dificulta el seguimiento de posibles conductas ilícitas de los funcionarios judiciales, o bien, cuando se abren indagatorias de otro tipo por denuncias contra la forma de actuar de jueces o magistrados.

Recordaron que en el caso del secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, Esiquio Martínez Fernández, quien es juzgado a partir de que fueron detectados en su cuenta personal  movimientos por más de 432 millones de pesos, las sospechas en su contra comenzaron a partir de los numerosos depósitos que hacía en efectivo, movimientos detectados por la citada Unidad de Inteligencia Financiera.

Los entrevistados señalaron que lamentablemente ese tipo de colaboración no es una constante, por lo que hicieron un llamado a la dependencia del Ejecutivo federal a que sea congruente con la preocupación externada por el presidente Calderón sobre la actuación de jueces federales.

En junio de 2011, después de la liberación del priísta Jorge Hank Rhon, Felipe Calderón comenzó una serie de críticas en contra de los jueces federales, a quienes exigió que no obviaran ni nulificaran evidencias científicas para sustentar una acusación; que revisen sus criterios legales para castigar a los delincuentes y se sumen a la lucha contra la impunidad; finalmente, denunció que había jueces que reciben dinero o dialogan con los criminales.

Hasta la fecha, la preocupación del Ejecutivo federal sobre posibles actos de corrupción de los juzgadores no se ha traducido en hechos concretos por parte de su administración, subrayaron los entrevistados.