Buenos Aires, 11 de julio. Un paro magisterial de 48 horas, que comenzó este miércoles en la provincia de Buenos Aires y continuará mañana, tuvo un acatamiento superior a 98 por ciento aseguraron los dirigentes de profesores, mientras la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense cortó accesos a esta capital y sus colegas de la ciudad de Buenos Aires obstruyeron calles y marcharon en protesta contra el gobierno capitalino.

También en esta capital los vecinos de la Villa 31 (ciudad perdida ubicada en zona residencial) bloquearon temporalmente el acceso de autobuses de larga distancia a la Central de Retiro, reclamando al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por tierras y viviendas, ante la grave situación que se vive por la llegada del invierno. El grupo demandará al gobierno capitalino y al Estado nacional por no cumplir con la entrega de tierras que prometieron.

El paro de maestros y las protestas estatales en la provincia de Buenos Aires se produjo después que el gobernador justicialista, Daniel Scioli, admitió una crisis económica en su administración y propuso pagar el aguinaldo semestral en cuatro abonos.

El Estado nacional envió a Scioli mil millones de pesos para tratar de resolver la situación, pero no alcanza. Dirigentes de la Federación de Educadores Bonaerenses dijeron que en los primeros relevamientos realizados en localidades de la extensa provincia de Buenos Aires, la más grande y poblada del país, la medida fue cumplida de manera amplia.

Los cortes de la ATE provincial en los accesos capitalinos originaron fuerte retraso en el tráfico, también afectado por las marchas en esta ciudad y los cortes de calles de grupos estudiantiles que exigen respuesta urgentes a viejas demandas planteadas al gobierno de la ciudad, que continúa afectando gravemente proyectos educativos y de salud.

Alumnos del Colegio Pellegrini, que depende de la Universidad de Buenos Aires, tomaron el edificio en protesta por la falta de respuesta a colocar un local institucional de venta de alimentos y una copiadora, entre otras peticiones. En este caso hubo críticas, ya que la ocupación de edificios siempre se produce por serias demandas y problemas graves.

En el sur, a pesar del aumento decretado por el gobierno de Santa Cruz, continúan en paro los policías que exigen aumento salarial con un mínimo de 9 mil pesos, más de 2 mil dólares.

Posición internacional

En tanto, mediante un comunicado de la cancillería, el gobierno argentino sostuvo que sigue con preocupación la situación en la República Árabe de Siria, que incluye el notorio incremento de la violencia y el lamentable saldo de víctimas fatales, en especial entre la población más vulnerable.

También se llama al diálogo y la participación democrática de todos los sectores de la vida política y civil de ese país y agrega que consecuente con la defensa de la democracia, el multilateralismo y el respeto a los derechos humanos, nuestro país apoya la misión del enviado especial de la ONU y la Liga de Estados Árabes para Siria, Kofi Annan, con el fin de detener la violencia y que se cumpla con el alto el fuego estipulado en el plan de paz.

Remarca que Argentina impulsó con éxito la inclusión de la abstención del uso de la fuerza y/o de la amenaza contra un Estado (conforme al artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas) en la resolución del Consejo, y de este modo se buscó el equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y el no uso de la fuerza ni la amenaza por parte de actores externos.

El gobierno argentino reiteró su anterior llamado a todos los países productores de armamento para dejar de abastecer a las partes en conflicto y evitar su responsabilidad en la tragedia que vive el pueblo sirio.

En otro orden, hay manifiestas esperanzas en sectores diplomáticos y en la comunidad paraguaya –que suma más de medio millón de habitantes en Argentina– porque la sala constitucional de la capital de Paraguay admitió un nuevo recurso de Fernando Lugo contra el golpe que lo destituyó.

Esta sala de la Corte Suprema de Justicia tendrá 18 días hábiles para dictaminar si declara inaplicable por diversas irregularidades la resolución del Senado del 22 de junio pasado que separó de su cargo a Lugo. Esa la segunda acción de inconstitucionalidad que presentaron los abogados defensores de Lugo.