En la reforma aprobada en 2007-2008 quedaron vacíos legales que ahora son motivo de cuestionamientos al Instituto Federal Electoral (IFE), como la ley secundaria del artículo 134 constitucional sobre propaganda personalizada y desvío de recursos públicos con fines político electorales, así como cambios al Código Penal en el capítulo de delitos en la materia, que no ha sido modificado desde hace 16 años, sostuvo el consejero Lorenzo Córdova.

Destacó que en algunos casos la legislación aprobada por consenso de los partidos ha inmovilizado al IFE. En especial, el esquema de fiscalización ex post, que impide al instituto realizar auditorías preventivas para regular los gastos de campaña y fortalecer la fiscalización de los recursos partidistas, pues la ley señala que el informe de gastos de campaña debe presentarse 60 días después de concluida la elección, es decir, el 8 de octubre.

Entrevistado acerca de las críticas que ha recibido el IFE por su desempeño, Córdova se refirió a las que están relacionadas con la fiscalización, según las cuales el instituto ha sido omiso en impedir el rebase del tope de campaña.

Dijo que el modelo de fiscalización ha impedido ir más allá en la vigilancia, porque existen plazos legales y garantías de audiencia de los partidos que el instituto no puede ignorar. Lo que se ha podido hacer es agilizar los plazos que están en la cancha del IFE.

Córdova explicó que la unidad de fiscalización usará sus facultades para allanarse del secreto bancario, como ha hecho en más de mil ocasiones en los cuatro años recientes. Destacó que a pesar de la dinámica electoral, no debe olvidarse que la queja por las tarjetas de Soriana fue presentada tres días antes de la elección, y el caso Monex, hace más de un mes.

Otro de los puntos medulares de crítica al IFE está relacionado con la compra y coacción del voto, pero ese tema es responsabilidad de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). Es un ámbito que no se tocó en la reforma pasada y desde 1996 no ha sido modificado el capítulo 24 del Código Penal, correspondiente a delitos electorales, y el resto de tipos penales data de 1993.

Señaló que no se ha modificado el Código Penal ni ha cambiado el estatuto de la Fepade para dotarla de más autonomía y el blindaje político necesario para su actuación. Tampoco cambió la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre otras deficiencias.

El consejero Córdova recordó que esto se vincula con otra reforma inconclusa, la del artículo 134 constitucional en sus aspectos secundarios, tanto para regular la promoción personalizada como en lo concerniente a acotar y sancionar el desvío de recursos públicos con fines electorales.

Son temas que han aflorado en la coyuntura de esta elección, pero en su momento no fueron abordados por el Congreso, dijo.