Madrid, 12 de julio. Los funcionarios públicos tomaron a los mineros como ejemplo. Un día después del anuncio del mandatario español, el conservador Mariano Rajoy, del peor recorte al Estado de bienestar, centenares de trabajadores públicos se concentraron frente al Congreso de los Diputados y frente a la sede central del derechista Partido Popular (PP) para repudiar las medidas anticrisis que afectan a los sectores más desfavorecidos del país. Entre tanto, distintos grupos parlamentarios lamentaron la actuación policial de ayer contra la marcha negra, sobre todo el operativo que se llevó a cabo de madrugada en las inmediaciones de la Puerta del Sol, en el cual fueron reprimidos centenares de jóvenes.

Rajoy, en contra de lo que prometió durante la campaña electoral que le llevó al poder en noviembre pasado, anunció ayer un nuevo y severo recorte del gasto público, de más de 65 mil millones de euros en dos años, que afectará sobre todo a los desempleados, a las personas dependientes (por enfermedad o por su avanzada edad), a los funcionarios públicos y al conjunto de los consumidores, al aprobarse un incremento del IVA de 18 a 21 por ciento.

Varios centenares de funcionarios públicos se concentraron de forma espontánea frente al Parlamento –donde se votó, con aplausos entusiastas de los diputados conservadores, el plan de recorte– y frente a la sede del PP, formación política que gobierna con mayoría absoluta y que concentra más de 75 por ciento del poder autonómico y municipal. Los trabajadores del Estado sufrieron una reducción de 7 por ciento de su salario –más el acumulado, que ya ronda 9 por ciento desde hace dos años–, además de la supresión del aguinaldo, el aumento de horas de trabajo y la eliminación de algunas prestaciones de días libres para atender asuntos familiares o personales.

Ante esta situación, los funcionarios expresaron su malestar con gritos de Rajoy, da la cara o los más socorridos: Manos arriba, esto es un atraco, No nos moverán hasta que no retiren los recortes o Rajoy te quiero, Rajoy te adoro, tengo tu foto en el inodoro. También hubo críticas, pues mientras se intensifican los recortes y la presión fiscal sobre las rentas bajas y medias se aprueban millonarios rescates para el sistema financiero, cuyos directivos ganaron en el último año 10 por ciento más, sin contar las retribuciones por reparto de utilidades de sus acciones. Hunden al obrero, rescatan al banquero, gritaban los funcionarios, hartos de los recortes intolerables y la política de desmantelamiento de los servicios públicos, que es lo que pretende este gobierno.

Así se expresaron los funcionarios de la justicia, de la administración central, de la educación pública y de los centros sanitarios, entre los cuales hay un grupo que comenzó un encierro en el hospital Ramón y Cajal para repudiar los ataques del gobierno en su contra. Nos reunimos los representantes de los trabajadores de varios hospitales la semana pasada para decidir qué hacer ante la pasividad y la falta de unión de los sindicatos. Decidimos encerrarnos para protestar contra el despido del personal no sanitario que se irá a la calle por la externalización de servicios como el de restaurante, porque no se cubren las bajas, porque nos han aumentado la jornada laboral. Lo de ayer sólo fue la gota que colmó el vaso, explicó Isabel, una enfermera que participa en el encierro.

Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados continuaron las críticas de algunos grupos como Izquierda Unida, Amaiur, Esquerra Republicana de Cataluña y Bloque Nacionalista Gallego, a la represión ejercida ayer contra los mineros del carbón que culminaron un marcha a pie de 400 kilómetros con una manifestación frente al Ministerio de Industria. Después de más de tres meses de protestas, de encierros y de la larga caminata desde las cuencas mineras, nadie del gobierno los recibió pero sí recibieron pelotazos de goma, macanazos y gases lacrimógenos de los agentes antidisturbios.

De hecho, en la madrugada, cuando continuó una marcha espontánea de unas 5 mil personas por el centro histórico de Madrid, los policías sembraron el caos y actuaron con violencia contra centenares de jóvenes, que resultaron con heridas leves a consecuencia de la contundente operación policial.

En los enfrentamientos hubo barricadas, quema de botes de basura y al menos diez detenidos, que fueron acusados de agresión a la autoridad.

El PP, sin embargo, acusó a los mineros y a los que los respaldan –numerosos sectores de la sociedad española– de actuar por presiones de las empresas que los contratan, afirmó el diputado conservador Rafael Hernando. Aquí hay una presión de la patronal y de los empresarios, algunos de los cuales ha recibido 2 mil 100 millones de euros para sus empresas. Ante ello, el diputado de IU Gaspar Llamazares respondió que el recorte de 63 por ciento a las ayudas al carbón supone echar a la calle a miles de trabajadores en unas comarcas de difícil reindustrialización.