n eso de aventar la papa caliente, las dependencias del Ejecutivo federal se pintan solas. Como muestra está el reciente caso del presunto lavado de dinero por medio de tarjetas de Monex (grupo financiero), recursos que habrían sido destinados a la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Tal corporativo, presidido por Héctor Lagos Dondé, ha sido señalado por el PAN y los integrantes de la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para transferir a la campaña de EPN recursos que exceden el monto permitido por la ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales.

En nota de La Jornada (Roberto González Amador), se indica que los días previos a la elección presidencial del primero de julio, el PAN y la coalición Movimiento Progresista denunciaron por separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el PRI recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex. Según esa denuncia, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. El monto involucrado, 160 millones de pesos, rebasa la aportación máxima que un particular puede hacer como donativo electoral. Al mismo tiempo, especialistas en el tema señalan que se trata de un típico caso de lavado de dinero, que se concretó en las propias narices de las autoridades financieras encargadas de supervisar y vigilar el sano funcionamiento del sistema financiero que opera en el país, según reza su propaganda.

Pues bien, tras la citada denuncia de los partidos políticos, las autoridades financieras del gobierno calderonista comenzaron a aventarse la papa caliente, algo que consigna la referida información de La Jornada: la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, y “encargada –por ley– de impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, respondió que no, que a ella no le toca, porque cualquier investigación corresponde, según ella, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ésta, a su vez, asegura que tiene facultades en materia de supervisión de que se cumplan las reglas de lavado de dinero (sic y recontra sic, como diría el Monsi), aunque nunca jamás ha informado de ninguna actividad de supervisión específica a ningún intermediario, porque se lo impide la legislación sobre protección del secreto bancario, y volvió a lanzar la papa caliente para que la cache el primer iluso que pase.

De acuerdo con información de la ONU, anualmente se lavan en México alrededor de 30 mil millones de dólares del narcotráfico, cantidad que difícilmente puede esconderse bajo el colchón. Y ese era el obligado punto de arranque de la llamada guerra contra el crimen organizado, pero durante seis años el calderonato se dedicó a tirar bala por toda la República sin rozar siquiera la enorme cuan eficiente lavandería que funciona en el país, en la que el sistema financiero mucho tiene que ver. Muertos por doquier, violencia extrema, masivas movilizaciones de tropa, balas y más balas, pero ni con el pétalo de una rosa se tocó a los barones del dinero.

Hasta donde recuerda este tecleador, todos los casos y denuncias sobre lavado de dinero de políticos y empresas mexicanas –reales o ficticias– se han ventilado en Estados Unidos, y en algunos casos en España: desde Raúl Salinas de Gortari-Citibank hasta la acusación en contra de José Madariaga Lomelín, ex dueño de Probursa y ex presidente de los banqueros, y el caso Casablanca contra BBVA-Bancomer, entre otros. Incluso, asuntos como el de Zhenli Ye Gon (el de copelas o cuello, también vinculado al tema electoral, o lo que es lo mismo a la campaña calderonista de 2006 y a su operador Javier Lozano Alarcón, según dicho del empresario de origen chino) de todas maneras terminan arreglándose en el vecino del norte, donde este personaje fue extraditado.

Treinta mil millones de dólares del narco, y ni una sola intervención de las autoridades financieras dedicadas, por ley, a evitarlo y combatirlo. No es gratuito, pues, que cuando menos desde 1996 (en pleno gobierno de Ernesto Zedillo) el Departamento estadunidense de Estado tenga los ojos puestos en el sistema financiero que opera en México, el cual, según su propia conclusión “ha sido elegido por los cárteles internacionales de la droga como el principal centro en Occidente de lavado y repatriación de dinero proveniente del narcotráfico; en 1994 –de acuerdo con cifras de funcionarios mexicanos (que no identifica)– se habrían lavado alrededor de 30 mil millones de dólares por el concepto referido, sólo una porción de lo que regresó a Colombia”.

Año tras año, cuando menos a partir de la fecha citada, el Departamento de Estado ha denunciado lo anterior, y advertido que factores como la vecindad con Estados Unidos, la corrupción endémica en México y los endebles o inexistentes controles legales para regular las transacciones en dólares en el sistema financiero mexicano, resultan la combinación perfecta para que sea el número uno del hemisferio occidental en lavado de dinero procedente del narcotráfico. El gobierno mexicano ha hecho poco por contener esas prácticas, que resultan extremadamente benéficas para la comunidad bancaria y los corredores criminales que explotan ese sistema operativo. Un creciente número de empresas legales están siendo utilizadas por los lavadores para transparentar las operaciones del narcotráfico.

México, apunta el Departamento de Estado, ha sido seleccionado para la colocación inicial de dinero estadunidense en efectivo proveniente de la droga. Una vez colocado en su sistema financiero, el dinero se mueve en una amplia variedad de formas, incluyendo transferencias en línea e inversiones en bancos mexicanos, pagaderas directamente en cuentas paralelas en Estados Unidos, luego de la emisión y renvío por medio de cheques personales. Deben promoverse reformas legales en el sistema financiero mexicano para regular el movimiento de dinero, porque de otra forma la situación tenderá a empeorar, en detrimento económico y político tanto de Estados Unidos como de México.

Las rebanadas del pastel

En fin, esas son la observaciones, pero el gobierno mexicano no ha hecho mayor cosa en materia de combate al lavado de dinero, salvo permitir que las instituciones encargadas de vigilar y regular el sistema financiero se avienten entre sí la papa caliente en turno, como ahora en el caso Monex-PRI.

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