ace 20 años, la revista Cambio 16 publicó un manifiesto en favor de la legalización de las drogas suscrito, entre otros, por Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Teresa Montero, Manuel Vásquez Montalbán, Carlos Monsiváis, Joan Manuel Serrat, Jorge Herralde, Fernando Savater, Roger Bartra y Terenci Moix. Consideraban que la prohibición había convertido a las drogas en un atractivo y fructífero negocio, además de fomentar por doquier la criminalidad y la corrupción. Entonces la mejor prueba eran los millares de muertos que dejaba en Colombia combatir las drogas; los millares de presos por cultivarlas o hacer parte de las bandas de delincuentes que controlaban su cultivo y comercialización; y los costos sociales, económicos y políticos que ello ocasionaba.

Destacaban que Estados Unidos parecía ignorar lo que ocurría mientras más de 20 millones de sus ciudadanos adictos se abastecían fácilmente de drogas, ajenos a una guerra interesada, inútil, impuesta a los países productores y que iba al fracaso. Por tanto, llamaban a terminar dicha guerra y afrontar prioritariamente el problema a escala global como un asunto ético y político. Con ese país como actor principal, por ser el mayor consumidor y eje del combate a las drogas.

Después, otros destacados personajes (entre ellos los premios Nobel Mario Vargas Llosa y Milton Friedman, el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, los ex presidentes Zedillo, Gaviria y Henrique Cardozo), se sumaron a ese clamor. Hoy parece haber llegado la hora de discutir seriamente legalizar las sustancias prohibidas, terminar con la criminalización, la marginalización y la estigmatización de quienes las consumen sin causar daño a terceros.

Es factible lograrlo si se establecen modelos de regulación de su uso dentro de los marcos de la ley para socavar el poder del crimen organizado; con políticas de prevención y cuidado de la salud y la seguridad ciudadana, con servicios sanitarios y tratamiento a quienes lo necesiten. Como propuso recientemente al parlamento uruguayo el presidente José Mujica, a fin de combatir la inseguridad en su país, agravada los años recientes por la criminalidad asociada al narcotráfico.

La legalización tiene enemigos, acérrimos. Como el ultraconservador Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, que condena hasta la propuesta de su sucesor, Juan Manuel Santos, de discutir el tema. O la señora Margarita Zavala, quien dice que despenalizar el consumo de drogas incrementaría exponencialmente la violencia en la familia a un costo incalculable. En el caso de México, la realidad demuestra que ese costo lo pagamos por lo contrario: por no entender que ese problema no se soluciona con el uso de la fuerza. ¿El lector a quién da la razón?