La presencia de miembros del consejo de administración de Banamex-Citi en Servicios Financieros Soriana, empresa integrante del propio Grupo Financiero Banamex, prefigura un nuevo ángulo en el escándalo en torno a las tarjetas presuntamente utilizadas en la compra de votos para favorecer al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en la reciente contienda electoral.

La empresa que emite las tarjetas Soriana es parte del conglomerado de Grupo Financiero Banamex.

A su vez, dos integrantes de la familia Martin Bringas, apellido que predomina en la integración del consejo de administración de Organización Soriana, controladora de la cadena de supermercados del mismo nombre, figuran en el consejo de administración de Banamex.

Uno de ellos es Ricardo Martin Bringas, vicepresidente del consejo de administración de Organización Soriana, y el otro es Carlos Eduardo Martin Bringas, quien se desempeña como consejero propietario de la compañía, que tuvo que cerrar dos de sus establecimientos por la multitud de personas que acudieron un día después de la elección a cambiar por mercancías los puntos de las tarjetas de Soriana en su poder, ante el rumor de que podrían quedar invalidadas.

La banca es el elemento que faltaba de aparecer en la construcción de la presidencia de Peña Nieto, comentan los integrantes del Centro de Estudios del Sector Bancario. Servicios Financieros Soriana –afirman– es la empresa que emite las tarjetas de Soriana.

Entre los integrantes del consejo de administración de esta compañía, constituida como sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada, (Sofom ER), en este órgano de gobierno figura como miembro suplente Javier de Arrigunaga Gómez del Campo, quien fue director del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), cuando era administrado por el Banco de México, y ahora se desempeña como director general del Grupo Financiero Banamex.

Algunos integrantes del consejo de administración de Servicios Financieros Soriana trabajan de directivos en Banamex, en áreas relacionadas con la mesa de dinero de este banco filial del estadunidense Citigroup y, precisamente, en la emisión de tarjetas, según los informes del Centro de Estudios del Sector Bancario.

Tal es el caso de Ramón Renato Carrillo Rosales, consejero propietario de la Sofom ER y director ejecutivo de activos especiales del Banco Nacional de México; o de Augusto Escalante Juanes, consejero propietario de Servicios Financieros Soriana y, al mismo tiempo, director corporativo de Banamex en el área de tarjetas.

En el manejo de los plásticos que presumiblemente fueron utilizados para allegar votos al candidato del PRI hay toda una obra de ingeniería financiera, señalan los especialistas. Pero es imposible que las autoridades del sector no hayan detectado operaciones inusuales, por la cantidad de controles contemplados por la ley, en específico, la referente a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Aun tratándose de una tarjeta de puntos de lealtad, alguien debió depositar previamente cantidades millonarias para hacerlos valer, a menos –indicaron– que se haya cometido un ilícito al violarse las disposiciones de carácter general contenidos en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, precisamente relativas a lavado de dinero. Con mayor razón, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México deben investigar y aclarar, plantearon. Las tarjetas –sostienen– salieron por sucursales, y quienes las recogieron tuvieron que identificarse.

En esas disposiciones se definen y clasifican con claridad los tipos de operación que los bancos tienen la obligación de reportar diariamente a las autoridades: inusuales, preocupantes, relevantes y las que realizan personas políticamente expuestas. El entramado legal es efectivo y no tendría por qué haber fallado en este caso.

Cualquier operación bancaria debe definir con claridad el origen de los recursos y todo usuario de la banca debe ser identificable, sostienen los especialistas. Más aún si se trata de empresas porque, incluso, existe la obligación de presentar el acta constitutiva para el análisis de validez por parte de las áreas jurídicas de los bancos.

Aun tratándose de transferencias electrónicas, hay registros, y toda operación electrónica cuenta con un número de autorización, explican.

Banamex comentó a este diario que la única tarjeta que emite con Soriana es una llamada Mi Ahorro, que opera como una tradicional de débito. Para emitirla –aseguró–, el banco identifica plenamente al usuario mediante la apertura de un contrato de prestación de servicios financieros, en el que se contienen todos los datos de identidad del solicitante.

Los especialistas del Centro de Estudios del Sector Bancario apuntan: “la operación cotidiana de las instituciones de crédito se comporta como cualquier estado de cuenta. Por un lado se registran los ingresos y por otro los egresos. Cada sucursal revisa diariamente los depósitos y retiros relevantes de sus clientes.

Todas las operaciones están registradas. Más aún tratándose de tarjetas. En el caso de Banamex, el asunto puede ir más lejos, al tratarse de una filial de empresa extranjera metida en asuntos electorales de México. Todo es cuestión de seguir el olor del dinero, sostienen.