En el contexto de los crecientes cuestionamientos sobre la compra y coacción del voto en las pasadas elecciones, consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) subrayaron que es momento de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) ofrezca explicaciones de las indagatorias que ha realizado. Su actuación, señaló Marco Antonio Baños, ha sido muy lenta ante las descalificaciones por la presunta comisión de delitos que ha expresado el Movimiento Progresista.

La Fepade debe asumir plenamente su responsabilidad en relación con las denuncias que ha recibido, como lo ha hecho el IFE en todos los asuntos, y debe arribar a conclusiones de acuerdo con sus investigaciones y los méritos que los casos presenten, subrayó Alfredo Figueroa.

En entrevistas por separado, Baños cuestionó que el Ejecutivo federal saliera a repartir culpas a otras autoridades cuyas competencias en delitos electorales están claramente delimitadas: Tendría que explicar el presidente Felipe Calderón por qué deslizó esas responsabilidades a otras instancias. No estamos echándole la bolita a la Fepade, pero más allá de la coordinación que existe entre ambas instancias es claro que cada una debe asumir sus responsabilidades”.

Recordó que en febrero pasado se anunció la remoción del ex titular de la Fepade, José Luis Vargas, y su salida no ha sido esclarecida. La Procuraduría General de la República ha removido a dos fiscales que venían haciendo su trabajo con cierto enfoque. Vargas promovió intensamente la modificación de Código Penal en materia de delitos electorales y de repente, simplemente fue removido. La PGR no ha dicho con claridad a qué obedeció ese movimiento y algunos resultados se están viendo ahora.

Figueroa destacó que en el caso del IFE sólo una parte marginal de las quejas presentadas se relacionan con la presunta compra y coacción del voto, y en las que fueron más conocidas –las de los monederos de Banco Monex y las tarjetas de Soriana–, se dio vista a la Fepade para que realizara las indagatorias en lo que era su competencia.

Explicó que en esta materia el IFE realiza lo que le compete, que está asociado a la fiscalización del uso de recursos de los partidos durante las campañas. Explicó que el IFE realizará investigaciones a fondo de lo que le corresponda y, llegado el momento, se discutirá el tema en el Consejo General.

Subrayó que en su caso, al avanzar en la calificación de la elección presidencial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría solicitar tanto al IFE como a la Fepade informes preliminares de la investigaciones de quejas y denuncias, o sobre la fiscalización de los gastos de campaña, a efecto de integrarlo a sus valoraciones para declarar la validez de los comicios.

Baños destacó que ambas quejas fueron presentadas hacia el final de la campaña electoral y la indagatorias de la unidad de fiscalización están en curso. Advirtió que no debe esperarse, seriamente, que una queja pueda ser resuelta en menos de 24 horas, porque nadie puede ser condenado o absuelto sin haber sido escuchado por la autoridad.