El Instituto Federal Electoral (IFE) exculpó a los partidos del Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) por el espot en que Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal, menciona lo que haría como eventual secretario de Gobernación con Andrés Manuel López Obrador.

En contraste, también con una votación dividida, el IFE impuso al PAN una multa por 1.8 millones de pesos por la difusión de mensajes en los que se afirmaba –durante la campaña– que el PRI de Peña es el mismo partido de personajes vinculados o procesados por narcotráfico.

El proyecto de resolución aprobado indica que dichas expresiones afectan la imagen del candidato presidencial del PRI y podrían generar un daño irreparable al partido. El PAN recibió una sanción de 934 mil 950 pesos por cada promocional.

Durante la sesión extraordinaria de ayer, una vez más el debate se centró en los alcances de la libertad de expresión, así como de los derechos políticos de los funcionarios públicos.

En el primer caso, el PRI interpuso una demanda en la cual sostenía que Ebrard violó varios preceptos constitucionales, en particular el artículo 134, el cual obliga a los servidores públicos a aplicar los recursos con imparcialidad y sin influir en la equidad de las contiendas electorales.

La secretaría ejecutiva del IFE avaló los argumentos del tricolor y propuso una multa de 1.5 millones para el PRD, cerca de medio millón para el PT y otro tanto para Movimiento Ciudadano. Además, que se dé vista del caso al Congreso de la Unión para que finque las responsabilidades que correspondan, lo que en opinión del senador Pablo Gómez (PRD) significa, con seguridad, el inicio de un juicio político contra Ebrard.

Los integrantes del Consejo General que manifestaron su oposición al sentido del proyecto (Alfredo Figueroa, Benito Nacif, Lorenzo Córdova y María Marván) defendieron, desde diversos enfoques, la libertad de expresión de los servidores públicos.

Argumentaron también que los funcionarios pueden participar en asuntos de sus partidos, siempre que ello no ocurra en sus horarios laborales. Adicionalmente –dijeron–, el espot no fue pagado con recursos públicos, sino con las prerrogativas de los partidos, precisamente uno de los rasgos centrales de la reforma electoral 2007-2008 para evitar que las contiendas políticas tengan el eje del dinero.

Ante la ausencia de la consejera Macarita Elizondo, se preveía un empate, lo que hubiera representado una nueva ronda de votación. Sin embargo, en un hecho inusual, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, anunció que se apartaba del proyecto de la propia secretaría ejecutiva del instituto.

Al abrir el camino para eximir a Ebrard y a la coalición de partidos de izquierda, Rogelio Carbajal, representante del PAN ante el IFE, preguntó a los consejeros si habrían actuado igual si en lugar del jefe de Gobierno capitalino el involucrado hubiera sido el Presidente de la República. Sospecho que la interpretación que se estaría dando en este consejo sería otra, dijo.

Sebastián Lerdo de Tejada, representante del PRI, manifestó su desacuerdo y advirtió que los consejeros incurrían en verdades a medias o mentiras completas, en una actitud tramposa, al envolverse en la bandera de la libertad de expresión, cuando en realidad se trata de un espot que tuvo 37 mil impactos en radio y televisión.

Nadie le está conculcando (a Ebrard) su libertad de expresión; estamos hablando de propaganda política en la que un gobernante viola claramente el principio de imparcialidad a que lo obliga la Constitución, aseveró.

El voto en favor de la sanción fue de Marco Antonio Baños, Francisco Guerrero y Sergio García Ramírez. Una vez concluido el asunto, ya hacia la salida del salón de sesiones, fuera de micrófonos, el senador Gómez dijo a Lerdo de Tejada: ustedes deben ofrecerle una disculpa a Marcelo por haber metido la queja. No obstante, la discusión acerca de los límites de la libertad de expresión durante la pasada contienda electoral continuó al evaluar el proyecto que proponía multar al PAN.

Los defensores del amplio umbral de este derecho señalaron que no deberían ser castigadas las manifestaciones que se dan dentro de la disputa política, aun cuando –como señaló Nacif– se lancen críticas fuertes y hasta hirientes.

Aceptar el proyecto es aceptar que los ciudadanos no pueden saber quiénes los van a gobernar en temas que hoy resultan de enorme trascendencia, señaló.