El gobierno federal no descarta promover una controversia constitucional ante la orden del Congreso de publicar en sus términos la Ley General de Víctimas, advirtió el titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Poiré, quien insistió en que el texto no provee de los elementos indispensables para que la atención a las víctimas sea eficiente.

En conferencia de prensa, el responsable de la política interior subrayó que si se publica la ley, como lo ordena el Congreso, se corre el riesgo de que la atención que ya se brinda a las víctimas, se pierda. El objetivo del gobierno federal es darle atención a las víctimas como se lo merecen, y para eso debemos tener una buena ley.

Poiré reiteró el llamado a las organizaciones de la sociedad civil y al Congreso “a que nos sentemos a trabajar en una ley que verdaderamente nos dé resultados. Tan es relevante ese tema de que el precepto constitucional –en el que se sustenta la ley– no está sólido, que el propio Congreso ya emitió una reforma constitucional que da base para que el Congreso pueda legislar y en esa medida los estados estén obligados a darle atención a las víctimas”.

Tras negar los señalamientos en torno a que las observaciones del gobierno federal a la ley fueron hechas a destiempo, dijo que lo que corresponde ahora es avanzar en esa reforma constitucional lo antes posible y al mismo tiempo tener una ley que garantice a todas y cada una de las víctimas del delito la atención que merecen por parte del Estado.

Lo sustantivo es evitar la publicación de una ley que vaya en detrimento de las víctimas; lo indispensable es que cuanto antes trabajemos en la consecución de una legislación que garantice que en todos y cada uno de los delitos que se cometen, las víctimas estén debidamente protegidas, aseveró.