Nueva York, 12 de julio. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico en México ha sido inefectivo y hasta podría haber empeorado la violencia, concluye un informe del Senado de Estados Unidos difundido hoy, y propone un giro de estrategia, incluyendo el envío de más personal y fondos estadunidenses para capacitar y facilitar las reformas policiacas y judiciales necesarias para reducir la violencia en el país vecino.

El informe elaborado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos fue ordenado por su presidente, el senador demócrata John Kerry, con el objetivo de ofrecer un contexto para desarrollar estrategias bilaterales con el nuevo titular del Ejecutivo mexicano.

El diagnóstico ofrecido en el informe afirma que “una extensa dependencia de los militares para acotar la ilegalidad y confrontar directamente a los cárteles del narcótico parece haber sido, en gran medida, inefectivo y, en algunas instancias, ha exacerbado la violencia sufrida por civiles”. Indica que a pesar de los avances significativos en el esfuerzo del presidente Felipe Calderón, su “estrategia anticrimen centrada en combatir a los capos ha sido ampliamente criticada por colocar en segundo plano las necesidades de seguridad cotidianas de los mexicanos”.

Aunque elogia los esfuerzos del presidente Calderón y el alto nivel de cooperación bilateral que se ha desarrollado durante los años recientes con la Iniciativa Mérida, el informe sostiene que esta estrategia ha dejado dudas entre la población sobre si puede triunfar debido a la inhabilidad del gobierno para suprimir la hiperviolencia que está ocurriendo en ciertas partes de México. Puesto simplemente: la mayoría de mexicanos desconfía de las principales herramientas de las autoridades federales y estatales para combatir el crimen, con la policía y el sistema judicial, dado su historial de amplia corrupción e inefectividad. Además, señala el preocupante incremento de alegatos de violaciones graves de derechos humanos contra civiles por personal militar.

Por otro lado, el informe parece apoyar la posición de Enrique Peña Nieto –a quien identifica como presidente electo– de promover reformas policiacas y judiciales para reducir los altos niveles de violencia en México. Indica que Peña Nieto enfrentará inmensa presión pública para rápida y públicamente abordar las amplias preocupaciones sobre la violencia y la inseguridad.

El senador Kerry declaró, al emitir el informe, que la transición presidencial de México ofrece una nueva ventana para discutir y debatir las mejores estrategias de seguridad para abordar la grave violencia que padece México. Al continuar el cambio del panorama político en ambos países, el informe subraya la importancia de continuidad en dos áreas criticas: reforma judicial y policiaca. Son fundamentales para cualquier reducción sostenida de la violencia en México.

El informe Reformas judiciales y de policía en México recomienda al gobierno estadunidense ampliar su apoyo a los esfuerzos de reforma judicial y policiaca a escalas federal y estatal, con fondos de la Iniciativa Mérida por unos 250 millones anuales durante cuatro años. Estos fondos incluyen apoyar la capacitación estadunidense de agentes mexicanos.

Al parecer, esta recomendación implica redoblar esfuerzos. Los investigadores del comité del Senado informan que ambos gobiernos ya acordaron apoyar la creación de una academia de seguridad pública para entrenar a policías estatales de todo el país, y que ésta ya abrió sus puertas en mayo de 2012 en Puebla. Agregan que el gobierno mexicano amplió de tres a ocho los estados considerados prioritarios para recibir asistencia estadunidense en profesionalización de policía en el contexto de la Iniciativa Mérida. A la vez, reportan que con este esfuerzo, Estados Unidos está colocando asesores expertos en las academias policiacas de Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como ayudando a crear equipos especializados de policía estatal en por lo menos 21 estados.

Los autores sugieren que el gobierno estadunidense incremente esfuerzos para la implementación de mecanismos de rendimiento de cuentas al interior de las fuerzas policiacas federales y estatales en México para prevenir corrupción y abusos de derechos humanos.

Reiterando que el despliegue de militares para combatir el crimen organizado ha tenido éxito limitado y, en algunos casos, ha llevado a violaciones de derechos humanos, el informe indica que esfuerzos estadunidenses para ampliar las capacidades policiacas ayudarán a reducir el papel de las fuerzas armadas para restablecer la seguridad interna.

Recomienda que el gobierno estadunidense continúe fortaleciendo las capacidades de fiscalización de la oficina del procurador general, como también mejorar estas capacidades a escala estatal. Bajo este rubro, informa que la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) ya está asistiendo a siete estados mexicanos en la implementación de reformas judiciales, incluyendo la capacitación de fiscales, y que se contempla ampliar este esfuerzo a otras 13 entidades. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está haciendo algo parecido a escala federal en México, incluyendo impartir cursos sobre nuevos procedimientos fiscales y capacitar a personal en la Procuraduría General de la República.

Aunque no abunda sobre el punto, el informe reconoce que Estados Unidos tiene que hacer más para abordar problemas dentro de su país que contribuyen a la violencia en México, tales como reducir la demanda de drogas ilícitas, disminuir el flujo de armas al país del sur y combatir el lavado de dinero en instituciones financieras estadunidenses.