El recurso no significa su libertad inmediata; se podría impugnar resolutivo: procuraduría estatal
Domingo 15 de julio de 2012, p. 28
La Paz, BCS, 14 de julio. El ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, y el ex secretario general de gobierno, Alfredo Porras Domínguez, obtuvieron un amparo del juzgado segundo de distrito del Poder Judicial de la Federación contra el auto de formal prisión que se les dictó el pasado 28 de mayo por presunto peculado en agravio del erario estatal.
El resolutivo correspondiente al expediente 477/2012 fue emitido el pasado 12 de julio por lo que el juez de la causa cuenta con 10 días hábiles para dictar el fallo que considere conveniente, reclasificar el delito o el auto de formal libertad, informó el representante legal de los ex funcionarios, Marco Antonio Ceseña Sandoval.
Mencionó que según el juzgado de distrito no se dan los elementos del delito de peculado; entonces nada más es cuestión de analizar si hay alguna otra situación
.
El presidente municipal de Los Cabos, Antonio Agúndez Montaño, hermano del ex gobernador, dijo que el juez federal les dio la razón, pero tendrán que esperar a que se cumplan los procedimientos.
El procurador general de Justicia del estado, Gamill Arreola Leal, dijo que el amparo otorgado a los ex funcionarios no significa su libertad inmediata, por lo que anunció que la procuraduría podría impugnar el resolutivo del juez federal.
Narciso Agúndez y Alfredo Porras fueron arrestados el 25 de mayo pasado acusados de peculado derivado de la venta irregular de siete terrenos del fraccionamiento El Pedregal de Cabo San Lucas, propiedad del gobierno del estado, los cuales estaban destinados a la construcción de infraestructura urbana.
El ex gobernador fue detenido en el aeropuerto de Monterrey, Nuevo León, por elementos de la Procuraduría de Justicia de esa entidad, quienes lo trasladaron a La Paz, capital sudbajacaliforniana, para entregarlo a las autoridades locales en medio de un fuerte dispositivo de seguridad; en tanto, Porras Domínguez se entregó voluntariamente en esta ciudad.
Agúndez Montaño y Porras Domínguez también fueron inhabilitados en octubre del 2011 por la Contraloría General del estado para el desempeño de cualquier cargo público por seis años, por su responsabilidad en la venta de esos predios a un precio inferior al del mercado, lo que causó un daño patrimonial superior a los 55 millones de pesos.
