Buenos Aires, 14 de julio. Durante un careo entre el ex dictador Jorge Rafael Videla y el jefe del Comando de Institutos Militares en la pasada dictadura (1976-1983), Santiago Omar Riveros, ambos acusados coincidieron en que más allá del respeto a los familiares –quienes estaban presentes–, la muerte de Roberto Mario Santucho, ex jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en los años 60-70, les causó íntimamente alegría, porque se había abatido a un enemigo en combate abierto y por lo que implicaba su figura.

Videla, por su parte, aclaró que la decisión de desaparecer el cadáver del líder guerrillero fue una resolución de la junta (que compartía con el ex almirante Emilio Massera y el ex brigadier Orlando Agosti), una especie de pacto secreto.

En abril pasado Videla había involucrado a Rivero, pero éste calificó de mendacidad absoluta esa declaración, debido a la trascendencia del problema.

También participó en el careo el ex jefe de Inteligencia, Carlos Alberto Martínez.

Con su habitual dosis de cinismo, Videla, presidente del gobierno de facto en su primer periodo, sostuvo que si viera a alguien que le deja una flor a Santucho lo aplaudiría por el respeto que se merece. Esto lo dijo ante los familiares del líder asesinado –entre ellos su hija Ana y su hermano Julio Santucho–, quienes siguen en la tarea de encontrar el cuerpo del jefe del ERP, muerto a manos de un grupo de tareas del ejército en julio de 1976, cuando fue secuestrado junto con otros dirigentes en una reunión en un barrio de esta capital.

Su cuerpo fue llevado a Campo de Mayo y posteriormente desaparecido, después de ceremonias militares, en las que el cadáver fue expuesto como trofeo.

Bajo juramento de decir la verdad, Videla dijo no saber quién recibió la orden de desaparecer el cuerpo de Santucho. El ex dictador aseveró que, aunque de acuerdo con la lógica orgánica debió recibirla Rivero, no fue una orden dada personalmente y tampoco por escrito.

Únicamente mencionó como intermediario posible de esta orden al entonces secretario de la presidencia, el general Rogelio Villarreal.

Riveros, por su parte, aunque admitió que tenía capacidad para dar muerte a Santucho y hacer desaparecer el cuerpo, sostuvo que no participó, porque nadie pidió la intervención del Comando de Institutos Militares. La muerte de Santucho era para el ejército un galardón. El personal militar se motivaba para detenerlo o matarlo, porque era un adversario importante, manifestó ante los familiares del ex jefe del ERP.

Más aún: dijo que lo hubiera cumplido con todo gusto, y completó la idea señalando que tenía capacidades para cavar un pozo y enterrarlo o tirarlo.

Hay denuncias sobre la posibilidad de que el cuerpo de Santucho haya sido enterrado en algún lugar del cuartel de Campo de Mayo.

Ninguno respondió dónde estaba el cadáver, y Riveros comentó irónicamente que le habían preguntado muchas veces dónde estaba el cuerpo de Santucho, pero que éste no era el general José de San Martín (héroe de la independencia) como para que lo entierren en Campo de Mayo.

El turno de los civiles

En tanto, más de 200 civiles, entre ellos importantes empresarios, han quedado vinculados con causas por delitos de lesa humanidad, en los cuales también están involucradas conocidas empresas trasnacionales, como Mercedes Benz y Ford, entre otras.

Uno de los casos más impactantes es la causa en que se juzga al empresario Pedro Carlos Blaquier, dueño, entre otras empresas, del Ingenio Ledesma, cuya familia, tradicionalmente, ha sido el verdadero poder detrás del trono en la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste del país.

El dueño del ingenio, manejado como enclave feudal, ya que todo el pueblo de Libertador General San Martín es de la familia, está acusado de complicidad en los operativos militares de la pasada dictadura, como el secuestro y la desaparición del ex intendente de lugar, el médico Luis Aredez, en mayo de 1977.

También está implicado en la llamada noche del apagón, sucedida en julio de 1976, cuando en complicidad con militares, policías y gendarmes se forzó un apagón para secuestrar a decenas de trabajadores y pobladores del ingenio, varios de los cuales fueron desaparecidos y otros fueron torturados y vejados, incluso dentro de la empresa.

Las pruebas son contundentes y actualmente el pueblo de Jujuy, que se había mantenido en silencio por el terror de tantos años, ya que continuaba el espionaje de funcionarios del ingenio, salió a las calles por vez primera. Acompañó la instalación de una baldosa que señala al ingenio por su complicidad con la dictadura y las desapariciones forzadas.

Otro caso es el tema de la fraudulenta compra de Papel Prensa, por Clarín y La Nación, mientras los dueños de esa compañía, la familia Graiver, eran mantenidos bajo amenazas y llevados a centros de torturas por los dictadores.