l contubernio de las instituciones electorales con Enrique Peña Nieto, para encubrir las graves irregularidades cometidas durante el proceso electoral y para descalificar a los denunciantes ciudadanos, deja ver ya el tinte simulador que podría caracterizar la eventual gestión federal priísta en materia de combate a la corrupción. En lugar de rendir cuentas y garantizar la transparencia, EPN busca cualquier coartada para distraer la atención y rehuir la responsabilidad de haber erogado hasta 4 mil millones adicionales a los 336 millones de pesos permitidos.
Todo parece indicar que ni el IFE, ni la Fepade actuarán a tiempo para esclarecer los gastos y sancionar los delitos antes de la calificación de la elección por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Por su parte, el mismo TEPJF también se prepara para cerrarle el paso a las peticiones del Movimiento Progresista, quien le requirió las pruebas y la información necesarias para resolver sobre la validez de la elección.
Una vez más privarán los pactos políticos y la indolencia burocrática por sobre la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En aquellos excepcionales casos en los que se logre aplicar sanciones en materia electoral, ellas serán seguramente muy menores y llegarán muy tarde. Quizás en algún momento, en los próximos años, el IFE se anime a castigar a PRI y PVEM con una multa simbólica. Pero, tal y como ocurrió en el caso de Amigos de Fox
, el agravio contra la voluntad popular ya habrá sido consumado.
Lo más preocupante de este panorama es que una Presidencia de la República ganada a la mala solamente puede augurar un gobierno capturado por los poderes fácticos y entregado a la corrupción. Los nuevos nombramientos
de los mismos personajes de siempre (Videgaray, Osorio Chong y Murillo Karam) demuestran que un eventual gobierno de EPN seguiría exactamente el mismo guión que su campaña, apostándole a la compra de voluntades por sobre el convencimiento y el diálogo.
En este contexto, las propuestas de EPN en materia de transparencia y combate a la corrupción (su Comisión Nacional Anticorrupción, el fortalecimiento al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (Ifai) y la instancia para vigilar los contratos entre el gobierno y los medios de comunicación) son meras coartadas para distraer la atención del verdadero Tsunami de corrupción que envuelve la elección presidencial. El candidato que de forma irresponsable se ha autodenominado presidente electo de los mexicanos
, mandando con ello al diablo al TEPJF, busca proyectar la imagen de ser alguien preocupado por la probidad y la honradez, aun cuando se encuentra sumido en el total descrédito público.
La corrupción estructural que corroe las fibras de la institucionalidad democrática del país no se resolverá con promesas huecas, compromisos demagógicos y más comisiones que terminarán siendo nuevos elefantes blancos
. El país ya vivió el fracaso de estas estrategias de simulación institucional con la renovación moral
de Miguel de la Madrid entre 1982 y 1988. El principal legado de ésta fue una inservible Secretaría de la Función Pública (antes Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo) tan inútil que hasta el mismo Felipe Calderón se atrevió a proponer su desaparición.
EPN al parecer también contará con el apoyo de la mayoría de los ministros de la Suprema Corte para su estrategia de encubrimiento. A pesar de los mejores esfuerzos del ministro Arturo Zaldívar, la semana pasada la Corte decidió garantizar la total opacidad de los nombres de los recipiendarios, montos y motivos de los millonarios créditos fiscales otorgados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estos regalos del sector público a los amigos
del sector privado son el lubricante que engrasa las relaciones de complicidad que hoy tienen postrada a la nación. Muy probablemente Soriana, Walmart y Monex figuran en esa lista secreta.
Si no se limpia la elección hoy que todavía hay una oportunidad histórica, las autoridades electorales nos conducirán directamente a la antesala de una crisis institucional de grandes proporciones.
El Consejo General del IFE debe sacudirse inmediatamente su lógica de simulación burocrática y abrir inmediatamente procesos fiscalizadores extraordinarios que esclarezcan tanto el Sorianagate
como el Monexgate
. El artículo 85 del Cofipe permite adelantar los tiempos de fiscalización. Además, el Consejo General ya realizó un proceso de fiscalización expedita para revisar los informes de gastos de precampaña. No existe razón, motivo o pretexto alguno para que en un momento tan delicado como el actual no se repita este mismo ejercicio para las campañas presidenciales.
Asimismo, a partir de la reforma electoral de 2007 los secretos fiscal, bancario o fiduciario ya no son oponibles a la autoridad electoral. El IFE tuvo que haber frenado y prevenido hace mucho el grosero rebase de topes de campaña y el vergonzante operativo de compra y coacción del voto.
Sin embargo, frente a la exigencia ciudadana para que se investiguen y se sancionen las violaciones de la ley, los conductores del IFE se preguntan con desidia, muy probablemente inspirados por el presidente que primero prometió sacar y después invitó a meter a las víboras prietas
a Los Pinos: ¿y nosotros por qué?
.
Ya han sido ampliamente documentados los casos de compra y coacción del voto, las violaciones a la secrecía electoral, el multimillonario rebase de topes de campaña, y la desenfrenada e insultante utilización de recursos públicos, así como la muy probable intervención de financiamientos de origen ilegal provenientes del extranjero y hasta del crimen organizado en la campaña de EPN. La sociedad no está dispuesta a consentir que las autoridades electorales extiendan el manto de impunidad que Peña Nieto y sus huestes acarician. Permitirlo condenaría a la nación a otros seis años de un Ejecutivo federal ilegítimo y corrupto.
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y Coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM
