La falta de cumplimiento cabal del marco jurídico ambiental para poner en marcha grandes proyectos industriales y turísticos (minería a cielo abierto, termoeléctricas, presas y complejos hoteleros, por ejemplo) en zonas de importancia ecológica invaluable redunda en acciones legales de pueblos que defienden su territorio y sus recursos naturales, las cuales eventualmente derivan en cancelación de dichos planes, como en el proyecto turístico Cabo Cortés, en Baja California Sur.

El sexenio de Felipe Calderón ha enfrentado numerosas exigencias –muchas de ellas emblemáticas– de comunidades y grupos ambientalistas para cancelar proyectos lesivos, como las concesiones mineras en el territorio sagrado de Wirikuta (San Luis Potosí), la construcción de las presas La Parota (Guerrero) y El Zapotillo (Jalisco) y el cese de operaciones de Minera San Xavier (San Luis Potosí).

Para Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), lo más importante es que los proyectos se ajusten a la ley y al estado de derecho, porque si no ocurre lo que vemos en la práctica: acciones legales, como impugnaciones, recursos de revisión, amparos, demandas y nulidades para frenarlos.

Lo más importante, agregó, es la parte preventiva, la cual corresponde, en principio, al promovente del proyecto. Asegurar que se puede hacer en función de una serie de consideraciones técnicas, legales y científicas da seguridad; si no, hay que pensar en otra cosa o hacerlo en otro lado.

Si se da la autorización y la ciudadanía no se siente tomada en cuenta, agregó, se deben interponer las acciones legales que se consideren pertinentes.

Hilda Salazar, de Mujer y Medio Ambiente, consideró que el gran hueco está en la falta de consulta a la población (comuneros, ejidatarios, pescadores) sobre la conveniencia de las obras.

Hay un incumplimiento de la norma de inicio, cuando no se empieza bien con los manifiestos de impacto ambiental y se oculta información a la población. Luego las autoridades hacen recomendaciones o rechazan la propuesta, pero no verifica que se cumpla con todos los aspectos de la ley, agregó.

Kai Bethke, representante en México de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO), consideró que los pueblos tienen el derecho de exigir que se atienda el asunto aunque apostó por el diálogo entre éstos y las empresas.

Es importante reconocer que hay temas por atender, los cuales tienen impacto directo en la vida de todos. Lo más importante es no pasar la pelota sino reconocer que es un tema complicado, sentarse y hablar. Todo es negociable, enfatizó.

Para Salazar, la desconfianza de la sociedad está justificada por el historial de incumplimiento de acuerdos y la gran usurpación de sus recursos por las empresas (generalmente trasnacionales o extranjeras) que generan grandes ganancias sin que éstas lleguen a las comunidades.

Se oculta información desde las primeras fases; cuando la gente se da cuenta ya hay un camino andado y eso impide una negociación de múltiples actores.