Al vencer el plazo para la entrega de su postura como tercer interesado en el recurso de inconformidad promovido por el Movimiento Progresista en contra de la elección presidencial, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) desglosó en un documento de mil 600 cuartillas su versión sobre cada uno de los agravios esgrimidos por los partidos de izquierda.

De entrada, el tricolor descalifica acusaciones de rebase de topes de campaña, por considerarlas una imputación falsa, y se deslinda de Monex y Soriana como instrumentos de financiamiento para la presunta compra y coacción del voto.

Encabezados por el senador Jesús Murillo Karam, designado por el candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, responsable de la defensa legal de los resultados, acudieron también el representante del PRI ante el Instituto Federal Electoral (IFE), Sebastián Lerdo de Tejada, y el abogado Benito Neme Sastré, quienes entregaron el documento alrededor de las 16 horas ante la oficialía de partes del instituto.

Premisa falsa: Murillo Karam

Construyeron una novela a partir de una premisa falsa y luego tejieron alrededor de ella. Dice el abogado (Jaime) Cárdenas que está demostrado que hay 4 mil 200 millones de pesos de gasto. ¿Está demostrado dónde? ¿Ante quién lo demostró? Nadie sabe de donde sacó toda una historia del gasto, dijo Murillo Karam.

El IFE turnará hoy la documentación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberá elaborar el dictamen sobre la validez de la elección presidencial y luego dar a conocer su decisión, el 6 de septiembre a más tardar.

En el recurso interpuesto el jueves pasado, el Movimiento Progresista se queja de rebase de topes de campaña de Peña Nieto; utilización de financiamiento ilegal para la compra y coacción del voto (casos Monex y Soriana); encuestas sesgadas como propaganda electoral; intervención de gobernadores del PRI en favor de la campaña; adquisición encubierta e ilegal de espacios en radio y televisión para favorecer al candidato del tricolor, así como omisiones de la autoridad electoral para evitar estas irregularidades.

En referencia al presunto financiamiento ilícito, los priístas explicaron que, en el caso de las tarjetas de Soriana, sólo se han reconocido las que tienen el logo de la CTM y forman parte de un contrato que tienen con esa empresa. En cuanto al resto de los plásticos el partido se desliga completamente; no tenemos ninguna vinculación con Soriana en la compra o en la operación de las tarjetas que se conocen como Soriana, dijo Neme Sastré.

Sobre el Banco Monex, dijo Neme, se explica en el documento que no tenemos ninguna relación y se desglosa cómo opera la cuestión financiera del partido. Al respecto, el IFE mantiene una indagatoria por el presunto financiamiento ilícito de empresas particulares –Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra–, que habrían aportado recursos para financiar la estructura de vigilancia de casillas del PRI el primero de julio.

–¿Empresas fantasmas?

–En el partido nunca se supo de ellas (Inizzio y Epfra) y creo que esas empresas tendrán que dar una explicación o a quien se los demande –dijo Neme.

Nosotros no compramos ningún voto, compramos solamente lo que la ley nos permitió para hacer una campaña transparente y clara, como quedará demostrado cuando entreguemos nuestros últimos reportes apegados a la legalidad.

Sobre las imputaciones de presuntas triangulaciones financieras por 56 millones de dólares, según denuncia del propietario de Frontera Television Networks, Neme dijo que esa versión es producto de la imaginación de un gran escritor (y es) una gran vacilada que se ponga una historia que hable de esos montos. Además, a quienes acusan ahí ya presentaron una demanda por una gran mentira.

Como parte de las pruebas para acreditar la legalidad de la elección, se entregaron carpetas de los monitoreos de radio, televisión y prensa escrita donde se desglosa la cobertura noticiosa que dieron, y podrá la autoridad darse cuenta de la equidad que hubo en los medios, como lo dijeron la UNAM y el IPN.

Asimismo, los funcionarios del partido tricolor acusaron al Movimiento Progresista de no haber entregado todas las pruebas y documentación que había mencionado al IFE.