Ante los cuestionamientos de legisladores de todas las fuerzas políticas, que pusieron en duda la eficacia de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, la titular del organismo, Laura Angelina Borbolla Moreno, afirmó que cuenta con un registro de 67 periodistas asesinados y 14 desaparecidos en el sexenio, y que se han integrado 37 averiguaciones previas con 74 probables responsables.

Eso significa que prácticamente no hay sentencias condenatorias para quienes han asesinado o agredido a periodistas, señaló el diputado priísta Felipe Solís Acero.

Al comparecer ante comisiones de la Permanente, Borbolla Moreno escuchó las críticas del diputado Carlos Flores Rico, del PRI, quien expuso que han pasado tres titulares por esa fiscalía sin que se vean resultados.

Hay gran desilusión con la fiscalía, porque a pesar de las reformas realizadas en meses recientes no hay una sola sentencia, insistió Flores Rico, y advirtió que, de acuerdo con organizaciones como Freedom House y Article 19, México se ubica en el grupo de países no libres para el ejercicio del periodismo.

El diputado Israel Madrigal, del PRD, cuestionó si vale la pena que la fiscalía siga operando, y el panista Gustavo González solicitó a la funcionaria que especificara cuántas sentencias contra agresores de periodistas se han dado, porque sólo con ese dato se podrá evaluar su función.

Subrayó que el Congreso aprobó una reforma al artículo 73 constitucional, precisamente para que la autoridad federal pudiera atraer los casos de delitos contra comunicadores, y un indicador de evaluación es cuántos de quienes cometieron esos ilícitos están en la cárcel.

Borbolla respondió que hace falta la ley secundaria para echar a andar la reforma constitucional y se quejó de que los jueces federales se declaran incompetentes para conocer los casos, que son turnados a autoridades locales.

A pregunta expresa, Borbolla respondió que el presupuesto con que cuenta la fiscalía es de 3 millones de pesos.

¡Con esa suma, cómo se va dar protección y justicia a los periodistas!, exclamó Flores Rico.

El senador Francisco Alcibíades García Lizardi, de Movimiento Ciudadano, recalcó que al final del sexenio seguimos ante una administración extraviada y en un laberinto de complicaciones que redunda en magros niveles de eficacia para garantizar seguridad y justicia para periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

Dijo que la violencia contra los comunicadores sólo se ha abordado desde la óptica de la procuración de justicia, reduciendo a cuestión de números las averiguaciones previas atendidas y resueltas, pero se es omiso en acciones para la defensa de los derechos humanos del gremio.

En respuesta, la fiscal reconoció que en años recientes crecieron de manera exponencial las agresiones contra periodistas, comunicadores, medios de comunicación y sus instalaciones.

Dijo que al consignar un expediente al Poder Judicial de la Federación hay un sinnúmero de argumentos para que éste no conozca de los casos, lo que genera que procesos y sentencias no estén bajo tutela de la fiscalía ni de la PGR, sino del fuero común.

Destacó que los atentados contra instalaciones tienen como propósito generar temor y amedrentar a los medios para que publiquen o dejen de publicar.

Detalló que de septiembre de 2010 a julio de este año se consignaron 31 averiguaciones previas y se ejerció acción penal contra 74 probables responsables, por abuso de autoridad, amenazas, lesiones y robo calificados, daños en propiedad ajena agravados, homicidio y tentativa de homicidio.

Borbolla argumentó que el número de consignaciones con probables responsables demuestra que la fiscalía no elude su responsabilidad y desaparecerla sería desafortunado, porque tiene sustento en los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado mexicano.