Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró que el hecho de que el gobierno de Felipe Calderón convoque, en las postrimerías de su gobierno, a las organizaciones civiles y ciudadanos a integrar el Consejo Nacional de Seguridad Pública lo que busca es legitimidad para la guerra que provocó. Son de esas realidades un poco esquizofrénicas. Quiere aparentar apertura y que escucha a los ciudadanos, cosa que nunca hizo.

Édgar Cortez abundó: son de esas decisiones que trata de tomar de último momento, porque este anunció de que el Ejecutivo federal va a integrar a cinco miembros de la sociedad civil al Consejo Nacional de Seguridad Pública, no supone una mejoría en la política de seguridad pública que Calderón ha mantenido en estos cinco años y medio de su gestión.

El presidente Calderón ha defendido a todas luces esta lucha que inició y que ha costado 70 mil muertes y lleva ya 20 mil personas desaparecidas, y miles de desplazados, con esta aparente apertura al final de su mandato no va a modificar la imagen que se labró en estos casi seis años, en los que mantuvo una política de seguridad con un alto costo social y humano, subrayó el investigador del IMDHD.

Hizo notar que hemos visto que en la integración de los consejos, cuando el Ejecutivo invita a representantes de la sociedad, prioriza la participación de empresarios y no a organizaciones civiles con visión crítica de la situación de los derechos humanos.

Fabían Sánchez Matus, director de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, manifestó que esta propuesta que hoy hace el gobierno ha sido desde hace mucho una demanda de grupos de la sociedad civil. Vería bien esta medida sólo si define muy bien la participación civil, de forma muy clara, y que tengan voto, porque hasta ahora siempre que se invita a integrantes de la sociedad, se les da voz, pero no voto.

Sánchez puso como ejemplo el consejo en materia de derechos humanos que se instaló en la Secretaría de Gobernación, en el gobierno panista de Vicente Fox para elaborar el Plan Nacional de Derechos Humanos. En el se dio voz a las organizaciones, pero se modificó todo lo propuesto y en lo que había consenso.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Derechos Humanos y Democracia, dijo que es una situación errónea, deberían convocar a crear el consejo de derechos humanos, pero invitar a miembros de la sociedad para legitimar sus acciones de seguridad no tiene sentido.

Tratar de legitimar sus acciones abriendo el consejo nacional de seguridad pública a los ciudadanos, que lo más que puede hacer el ciudadano es ser escuchado, pero no tiene derecho a voto, es absurdo, todo indica que quiere legitimar su guerra violatoria de los derechos humanos.