El gobierno federal buscará llegar a un acuerdo con la Cámara de Senadores para instalar esta misma semana una mesa de trabajo que permita resolver los diferendos entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la Ley General de Víctimas, a efecto de contar con un ordenamiento que atienda de manera eficiente a las personas en esta situación, afirmó el titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré.

En conferencia de prensa destacó que en dicha mesa de trabajo se podrá definir el contenido de una agenda sobre las observaciones que en tiempo y forma hizo el Ejecutivo federal a la iniciativa del Congreso, para contar con una ley lo antes posible. Confió en que este trabajo se lleve a cabo en comisiones legislativas.

Alejandro Poiré informó que ya recibió una comunicación por parte del Senado respecto de las observaciones que hizo el Ejecutivo a la Ley General de Víctimas, misma que, dijo, están analizando. Sostuvo que de esta contestación deben distinguirse dos cosas: “el trámite formal jurídico-técnico de la respuesta que nos está enviando el Congreso de la Unión. Esto pudiera derivar en una controversia, porque como ya he dicho, para que se rechacen las observaciones del Ejecutivo lo que tendría que ocurrir es que dos terceras partes de ambas cámaras se pronuncien al respecto y eso no ha ocurrido. Estos trámites jurídicos pueden llevar mucho tiempo, lo necesario es sentarnos a trabajar.

Yo he hablado con algunos legisladores, porque la mesa de trabajo debe incluir tanto a legisladores y organizaciones de la sociedad civil. Nuestra propuesta es que las observaciones vayan directamente a comisiones. Tenemos que reconstruir ese proceso, el jurídico, para resolver el problema técnico y contar con un instrumento que nos permita tener una ley de víctimas lo antes posible.

Destacó que lo importante en este caso es impedir que con la publicación de la ley en sus términos, como propone el Congreso, hagamos sufrir más a las víctimas del delito o que pierdan la atención que en este momento les otorga Províctima. Tenemos que impedir que como resultado de la publicación de una ley, que tiene un muy buen propósito las víctimas, se enfrenten con algún gobierno estatal o municipal que no la pueda cumplir. Esa es la discusión de fondo y es en la que estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil.

En otra parte de la conferencia, Alejandro Poiré informó que el gobierno federal incluirá a cinco representantes de organismos de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que estén en condiciones de seguir directamente los acuerdos surgidos en este órgano colegiado, y adelantó que los trabajos para integrar a este grupo ciudadano se pondrán en marcha de inmediato.

Destacó que aun cuando ha sido permanente la participación de la sociedad civil en los trabajos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este anuncio tiene como objetivo que esa participación sea permanente.

Respecto de la coyuntura electoral, reiteró que el gobierno del presidente Felipe Calderón ha sido respetuoso del derecho a manifestarse, pero también el del cumplimiento de la ley.