Al insistir en la necesidad de instalar mesas de trabajo para enmendar la ley general de víctimas, el Poder Ejecutivo sólo pretende evadir su responsabilidad y las obligaciones que le marca la Constitución, así como desconocer la labor que durante un año realizaron especialistas para el diseño del ordenamiento. Lo que toca al gobierno, advirtió Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria, es publicar la ley tal como fue aprobada en el Congreso.

Después, dijo el también integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), si el gobierno considera que deben hacerse cambios, que los proponga en una nueva iniciativa de reforma legal.

Tal parece que al titular del Poder Ejecutivo se le olvida que en 2011 los legisladores eliminaron el veto de bolsillo, justamente para evitar que las reformas de ley aprobadas en el Congreso se quedaran el limbo temporal, apuntó Concha.

Insistió en que la actitud del gobierno calderonista denota una falta de voluntad política para cumplir la ley y su menosprecio hacia las víctimas de la violencia. Es claro, dijo luego de hacer un recuento de hechos y fechas, que el Ejecutivo está en desacato de sus obligaciones constitucionales y, de entrada, que envió sus observaciones a la ley en forma extemporánea.

Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, el proyecto de ley votado el pasado 30 de abril por los legisladores prevé en los artículos transitorios, las adecuaciones a leyes secundarias, a fin de garantizar la aplicación de la que protege los derechos de las víctimas.

Subrayó que al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, también se le olvida que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, aprobada el año pasado, da el marco legal a la ley de víctimas, la cual, además, no hace más que reiterar lo que está previsto en diversos ordenamientos, pero no se cumplen, principalmente en el ámbito de procuración y administración de justicia.

Además, Ramírez desechó los argumentos que en los días recientes ha planteado Gobernación, porque durante las deliberaciones en el Poder Legislativo, las autoridades tuvieron la oportunidad de hacer sus observaciones y no lo hicieron.

De cualquier forma, también se debe tener en cuenta, dijo, que el derecho es dinámico. Si hay que realizar adecuaciones, que se hagan pero con una ley vigente, por lo que urgió al Ejecutivo a publicar el documento.

El activista lamentó que con su actitud, el Ejecutivo pueda llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resolvería una controversia constitucional, con lo que ese proceso implica en términos de tiempo y más daños a las víctimas de la violencia.

Por otra parte, el MPJD continúa con los preparativos para la Caravana por la Paz que a partir del 12 de agosto encabezará el poeta Javier Sicilia.

El recorrido comprenderá diversas ciudades de Estados Unidos, con inicio en Tijuana y conclusión el 10 de septiembre en Washington. El objetivo es exigir el cese del tráfico de armas, contra la violencia y por la protección de las víctimas.