Acompañado por empresarios, académicos y defensores de derechos humanos, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el perredista Francisco Castellón Fonseca, planteó, en nombre de un grupo plural de legisladores, que la Comisión Permanente rechace enérgicamente la firma del Acuerdo Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), que efectuó el gobierno federal, porque no respetó la ley sobre tratados internacionales.

Manifestó que en el punto de acuerdo, que ayer se turnó a comisiones, se pide que se cite a comparecer a los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía, para que expliquen las razones por las cuales el Ejecutivo decidió suscribir el ACTA, los términos en los que lo firmó, así como el texto definitivo del mismo.

Asimismo, se solicita que la Permanente exhorte al titular del Ejecutivo a que realice las gestiones necesarias a fin de que a la brevedad sea retirada la firma del ACTA.

Emilio Saldaña, de la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre; Rogelio Garza, director de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), y Javier Alart, director general de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), entre otros, lamentaron que el gobierno haya avalado un tratado que viola derechos humanos.

Jesús Robles Maloof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos; León Felipe Sánchez, catedrático de la UNAM y representante de la Internet Society, sección México; Ernesto Piedras, representante de The Competitive Intelligence Unit, y Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet, resaltaron que el tratado contiene disposiciones que permitirán, de ser aplicadas, la persecución de las personas que defienden los derechos humanos, que se dedican al periodismo, y eventualmente de cualquier persona que ejerza su libertad de expresión en Internet.

Robles Maloof recordó que el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México señaló precisamente como una de las recomendaciones elaboradas en 2011 para el gobierno mexicano la eliminación de estas disposiciones, porque son un peligro para la libertad de expresión y para la defensa de los derechos humanos.

El representante de la Canieti José Fernando García; el abogado especialista en propiedad intelectual León Felipe Sánchez y el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, ayer en la conferencia de prensa sobre el ACTA, en el SenadoFoto Guillermo Sologuren

Agregó que la firma del ACTA por el Estado mexicano, aparte de tener ese tinte de autoritarismo, por haber ignorado la recomendación del Senado, está mal enfocada.

Vega resaltó que dentro de la industria de Internet, tecnologías de información y comunicaciones, debemos reiterar que en todo momento estaremos en contra de la piratería y de cualquier ilícito que se cometa en la red.

Aseveró: Nos manifestamos en contra al menos de la ratificación en la parte del artículo 27 de este tratado y reiteramos nuestro compromiso de diálogo con los usuarios y con la industria del país, así como con las autoridades, pero no estamos a favor de ninguna medida arcaica y anacrónica que eventualmente pretenda aplicarse en nuestro entorno digital.

El senador Castellón Fonseca explicó que el ACTA es una propuesta internacional multilateral que pretende establecer nuevos estándares para la observancia de derechos de propiedad intelectual, con el propósito de combatir el crecimiento del comercio de bienes piratas y falsificados, mediante la cooperación internacional, el establecimiento de mejores prácticas para su observancia y la creación de un marco legal efectivo para combatir la piratería y la falsificación.

Refirió el perredista que a principios de 2010 “gracias a diversos comentarios publicados en Internet y en las diferentes redes sociales, así como a las advertencias y notificaciones de ciudadanos y académicos interesados en el tema, los legisladores nos enteramos de las negociaciones del ACTA, las cuales en su momento fueron llamadas ‘reservadas’ por el IMPI, pero en realidad fueron realizadas en la oscuridad, en la opacidad y carentes de transparencia”.

Subrayó que desde el momento en que el gobierno ocultó esta información se violó lo dispuesto en la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, cuyos artículos 5 y 8 establecen que el Senado de la República deberá ser informado, por parte de las secretarías de Estado, y de cualquier otro organismo de la administración pública federal, sobre el inicio de negociaciones formales de un tratado internacional.