Washington, 18 de julio. El gobierno de México respaldó hoy, mediante su embajada en Estados Unidos, la decisión de grupos civiles en este país de impugnar la única disposición de la Ley SB 1070 de Arizona que la Suprema Corte ratificó el mes pasado.

La embajada de México reconoce el recurso legal presentado hoy por organizaciones de la sociedad civil estadunidense contra la entrada en vigor de la sección 2b y de la aplicación de la sección 5 de la Ley SB1070, indicó la sede diplomática en un comunicado.

Una coalición integrada por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), el Centro Nacional Legal de Inmigración y el Fondo Legal para la Defensa y Educación del México-Americano (Maldef) interpuso este miércoles el recurso legal en una corte federal en Phoenix, Arizona.

La embajada explicó que la impugnación se inscribe en el caso Valle del Sol et al. v. Whiting, instaurado en contra de dicha ley, y responde al fallo de la Suprema Corte del 25 de junio pasado, que decidió a favor de la aplicación de la sección 2b de la legislación.

Esa disposición permite a los agentes de la policía local indagar el estatus migratorio de las personas detenidas en Arizona si tuvieran sospechas razonables de que sean inmigrantes indocumentados.

Desde las fases iniciales de discusión de la Ley SB 1070 y a lo largo de las distintas etapas judiciales que han analizado su constitucionalidad, el gobierno de México ha expresado categóricamente su rechazo a toda iniciativa que criminalice la migración, agregó la legación mexicana.

Asimismo, expresó su oposición a las legislaciones que abren espacios para la aplicación selectiva de la ley con base en consideraciones de origen nacional, étnico o racial, destacó.

Señaló que la entrada en vigor de la sección 2b podría propiciar violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos que viven o visitan Arizona, sin importar su condición migratoria.

Recordó que la impugnación presentada este miércoles busca que esa sección continúe suspendida temporalmente y argumenta que su aplicación se contrapone a la preeminencia federal en materia migratoria, a la Cuarta Enmienda de la Constitución estadunidense y a la garantía de igualdad ante la ley.

Asimismo, la demanda busca que se suspenda la aplicación de la sección 5 de la SB 1070, que tipificó como delito estatal transportar y auxiliar a individuos indocumentados.