En respuesta a la petición del PAN y el PRD de agilizar las investigaciones en torno a la presunta conexión PRI-Monex, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, expresó: somos un órgano de legalidad; solamente vamos a seguir trabajando en los términos de la ley, no en los términos de actores políticos interesados, que tienen otra lógica, diversa a la lógica de la ley, que, por cierto, ellos mismos aprobaron.

En rueda de prensa, Valdés subrayó que el Consejo General del IFE no le puede ordenar a la unidad de fiscalización que realice sus investigaciones fuera del marco de la ley, y es sólo en el mismo que esta unidad realizará sus averiguaciones y presentará sus proyectos de resolución. El instituto, enfatizó, ofrece garantías de certeza a todos los partidos políticos y candidatos.

A pregunta sobre el caso Monex, Valdés rechazó que exista una absolución de cualquier responsabilidad del PRI. El caso sigue abierto y la unidad de fiscalización está realizando sus investigaciones, y si encuentra elementos que impliquen una infracción por parte de algún partido político, así lo hará del conocimiento del Consejo General, y si eso implica una sanción, seguramente éste la impondrá.

–¿Son rehenes de una estrategia política del Movimiento Progresista? –se le preguntó.

–El instituto no es rehén de nadie. Es una institución de legalidad, un órgano del Estado mexicano que hace su trabajo con seriedad y responsabilidad.

Al abundar sobre la petición de PAN-PRD, Valdés dijo que quienes pretenden que se apresuren los procedimientos de fiscalización saben bien que hay plazos legales para realizarlos y que la unidad responsable tiene autonomía de operación, a pesar de lo cual se aprobó un acuerdo de adelantar ciertos plazos legales en ese aspecto.

Destacó que los partidos conocen que las autoridades bancarias o hacendarias están obligadas a responder los requerimientos del instituto, pero tienen un plazo máximo de respuesta de 30 días hábiles.

Resaltó que los partidos también conocen bien que la unidad de fiscalización está dotada de autonomía técnica para realizar sus investigaciones. No obstante, agregó que el IFE ha incorporado a su página de Internet todas las acciones que en materia de fiscalización se han realizado, para conocimiento de los actores.

Explicó que desde el primero de julio el instituto ha recibido 140 quejas relacionadas con la fiscalización y, por tanto, la unidad está obligada a actuar en consecuencia y aplicar con rigor sus facultades y con objetividad en sus investigaciones.

Dijo que con estas quejas suman mil 420 las que se interpusieron en general ante el IFE durante el proceso electoral, de las cuales han sido resueltas mil 35.

Valdés aseguró que lo anterior muestra que el IFE no ha sido omiso ante las inconformidades de los actores políticos, sino que, por el contrario, en la parte litigiosa no ha detenido su trabajo.

Se le preguntó si existe ya un conflicto poselectoral. El consejero presidente respondió que en realidad lo que estamos viviendo es la normalidad de un proceso electoral que está establecido en la ley, que está regulado y con facultades expresas de cada órgano. De tal suerte que vamos a una nueva fase litigiosa en la que el actor principal es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, responsable de desahogar todas las impugnaciones.