El domicilio fiscal que aparece en facturas emitidas por Monex a la empresa Importadora y Comercializadora Efra, relacionada con la compra de tarjetas electrónicas utilizadas para la presunta compra de votos en favor de Enrique Peña Nieto, corresponde al Grupo de Abogacía Profesional (GAP), bufete propiedad de los abogados Gabino y Emilio Fraga, ambos ligados al PRI, reveló la periodista Carmen Aristegui en su programa radiofónico.

Además, se detectó que los domicilios que aparecen en el Registro Público de la Propiedad de Moisés Hernández Hernández, uno de los dos accionistas y único administrador de la empresa, se ubican en una colonia de la delegación Gustavo A. Madero, que no corresponde al nivel socio-económico de un empresario con capacidad de manejo de cantidades millonarias de dinero, como las presentadas en los contratos y facturas de Monex. Estamos muy probablemente ante la figura de prestanombres, como suele pasar en estos casos, dijo Aristegui, al comentar parte de la investigación.

Se detalló que al acudir a los dos domicilios que aparecen en el Registro Público de la Propiedad, en la colonia Gertrudis Sánchez, se encontraron con inmuebles convencionales, sin acabados de lujo y sin garaje, además de que no estar acondicionados para guardar mercancías.

Más que una empresa fantasma, Importadora y Comercializadora Efra SA de CV es una fachada detrás de la cual una familia priísta de viejo cuño de apellido Fraga, por una parte estrechamente vinculada al gabinete del ex presidente Miguel de la Madrid, y por otra, involucrada en la campaña del candidato Enrique Peña Nieto, movilizaron no menos de 90 millones de pesos para pagar a la estructura priísta a nivel nacional, utilizando miles de tarjetas bancarias conocidas como Monex Recompensa Sí Vale, se dijo en el programa de radio.

Tras revelar algunos nexos de Emilio Fraga con el PRI, particularmente con la Fundación Colosio, cuando la presidía Beatriz Paredes, se señaló que entre sus mejores amigos está Hugo Vigues, uno de los personajes denunciados en Estados Unidos por el empresario José Aquino por un fraude de 50 millones de dólares por la contratación de publicidad para Peña en ese país.

Se recordó que en una entrevista con Noticias MVS, Aquino dijo que Hugo Vigues fue quien le dijo que no hiciera nada para recuperar su dinero ya que en realidad los fondos que le habían prometido y que no le iban a dar provenían del narcotráfico o de la delincuencia organizada, por lo que su vida corría peligro.

De la investigación presentada por Aristegui se desprende que pudiera tratarse de un ejercicio de ingeniería financiera de apoyo velado o paralelo a la campaña presidencial de Peña.