El Movimiento Progresista solicitó a la comisión de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que elaborará el dictamen sobre la validez de la elección presidencial, que remita una excitativa de justicia a la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) para concluir las investigaciones sobre las quejas presentadas contra el financiamiento irregular del PRI.

En un oficio firmado por los representantes de los tres partidos que conforman la coalición (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) se describe que la Unidad de Fiscalización cuenta con las atribuciones necesarias para la investigación de las presuntas triangulaciones financieras ilegales. Actos, destacan, que también deben ser sancionados con la nulidad y la declaración de no validez de la elección impugnada.

Tras una larga descripción de lo que a su juicio son retrasos injustificables de la Unidad de Fiscalización para investigar los hechos, concluyen que:

No se ha constreñido a resolverlos con la mayor celeridad posible, ni atiende ni toma en consideración los plazos para la resolución de los juicios de inconformidad y de la calificación presidencial, sino que se justifica en la necesidad de agotar los plazos máximos que le son concedidos por la ley en condiciones ordinarias, sin tomar en cuenta las circunstancias extraordinarias, las finalidades del procedimiento sancionador electoral, sin hacer una ponderación entre los valores en juego y la urgencia en la resolución, para reducirlos al mínimo posible.

En su documento de 21 cuartillas, el Movimiento Progresista señala que si bien la figura jurídica de la excitativa de justicia no se encuentra prevista en la legislación electoral, la misma forma parte de nuestro sistema jurídico y es dable aplicarla.

A manera de justificación de la necesidad de que se apremie a la Unidad de Fiscalización a agilizar las investigaciones, la coalición destaca que con ello la sala superior del TEPJF contará con un acervo probatorio más exhaustivo y completo para resolver el juicio de inconformidad.

La primera parte del documento describe las quejas que se han presentado a dicha unidad sobre las presuntas operaciones irregulares de la alianza PRI-PVEM (Monex, Soriana, La tamaulipeca, entre otras) sobre las cuales, de acuerdo con el informe circunstanciado que rindió el IFE, se desprende que aún no se ha concluido la integración de los expedientes mencionados.

A decir del Movimiento Progresista, el hecho de que la autoridad responsable proceda como si se tratara de un procedimiento ordinario, sin atender la naturaleza de los bienes jurídicos tutelados en el recurso de inconformidad de una sola instancia por el que se impugnan los resultados de la elección presidencial, tampoco atiende el derecho de justicia pronta y expedita.

Esto se evidencia en las inconsistencias y deficiencias del trámite de los procedimientos especiales sancionadores, como es el excesivo tiempo transcurrido entre la admisión de la queja y la realización de los primeros requerimientos; la omisión de la tramitación de las querellas por la doble vía ordinaria y de fiscalización, o la desconexión y falta de acumulación de las quejas con identidad de hechos.

En sus cuestionamientos a la unidad, el Movimiento Progresista señala que ésta pretende agotar los plazos de trámite e inclusive alude a la posibilidad de ampliación de éstos. Por ello demanda que, toda vez que la unidad cuenta con las facultades de investigación necesarias para corroborar los hechos y determinar la magnitud de los mismos (en razón de que puede allanarse del secreto bancario, fiduciario y fiscal), los medios de prueba están a su alcance y puede tramitarlos de forma expedita para que el TEPJF tenga todos los elementos relacionados con la elección.