El sistema político mexicano, aun con la reforma en la materia aprobada por el Congreso la semana pasada, es oneroso, poco representativo y transparente; proclive a la confrontación, la obstrucción y el inmovilismo; socavado y desprestigiado por la corrupción, la impunidad y una pobre rendición de cuentas en múltiples áreas de la gestión pública, sostuvo el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El presidente del organismo, Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que los problemas del país y las causas del estancamiento y la división no se resuelven con la elección del primero de julio.

La insatisfacción profunda de los ciudadanos ante la política y los políticos permanece, y es algo que tampoco resuelve esta reforma, importante pero incompleta, consideró.

En un mensaje emitido este lunes, el organismo empresarial recordó que la semana pasada la Comisión Permanente del Congreso validó la reforma política que sacó adelante la presente legislatura, aprobada por la mayoría de congresos estatales.

La reforma incluye demandas históricas de la sociedad civil, incluidas las candidaturas independientes y la consulta ciudadana, así como medidas para agilizar el trabajo legislativo y acercarlo a los intereses ciudadanos, por medio de la iniciativa popular y la preferente del Ejecutivo.

No obstante, señaló, la medida queda corta ante los defectos y debilidades que minan la todavía joven democracia mexicana.

Con la iniciativa de la sociedad se logró un pacto de civilidad para las elecciones. Ahora lo conducente es que la clase política y los distintos sectores de la sociedad impulsemos un pacto para renovar la política y consolidar la democracia mexicana, para lo cual, agregó, es ocasión oportuna el periodo de sucesión presidencial.

El organismo cúpula del sector privado en México exhortó a los partidos a demostrar en los hechos su disposición a hacer una política incluyente y constructiva, la cual debe reflejarse en la aprobación de las reformas pendientes al orden jurídico y a las instituciones de la democracia.

Insistió en que la consolidación de la democracia en México requiere de un ajuste en su arquitectura institucional, y advirtió que es necesario, para que funcione, un cambio en la actitud y los usos y las costumbres en la política, así como el compromiso de que ésta se oriente más en el trabajo por el bien común que por los intereses de los partidos y el futurismo electoral permanente.

Reiteró que al margen de que el proceso electoral deba desahogarse a plenitud conforme a los cauces legales existentes para la resolución de impugnaciones, la imposición de sanciones –en su caso– y la validación de los comicios y de los candidatos triunfadores, es necesario ver hacia delante.

Agregó que toca a organizaciones y sectores de la sociedad asegurarse de que la intensidad de la participación cívica mostrada en las campañas aumente para vigilar y exigir el cumplimiento de lo prometido.

Consideró que es necesario retomar en la reforma política el tema de la relección de legisladores y alcaldes, así como asegurar que las candidaturas independientes y la consulta ciudadana puedan darse en la práctica, con reglas y procedimientos que les den viabilidad.

Añadió que la segunda vuelta electoral es un instrumento que facilitará la construcción de gobiernos y dará mayor certidumbre a los procesos electorales, y que la reducción del número de diputados y senadores plurinominales es otro imperativo.

Calificó de fundamental tener un sistema de partidos maduro, y que éstos sean capaces de separar las funciones electorales de las de gobierno y parlamentarias.

Que los funcionarios partidistas trabajen para ganar elecciones y los políticos con cargos de elección popular respondan a los ciudadanos y al interés nacional.