El Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz se negó a dar atención urgente a una menor de edad embarazada que llegó en condición grave, por lo cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al gobierno estatal la recomendación 27/2012, por violaciones al derecho a la protección de la salud y la vida, en agravio de la implicada y su hijo.

La CNDH indicó que la joven de 16 años presentaba ruptura de membranas, amenaza de parto pretérmino, enfermedad hipertensiva del embarazo y probable preeclampsia severa, según se diagnosticó en el hospital general de zona número 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Lerdo de Tejada, Veracruz, donde le indicaron que no podían atenderla y la trasladaron al Hospital Regional de Alta Especialidad, donde después de dos horas de espera en una camilla le negaron el servicio porque no contaban con cuneros especiales y le sugirieron ir a una clínica privada.

La madre de la joven la llevó a la clínica privada Las Torres de Nuestra Señora del Carmen, donde atendieron el parto, pero debido a la demora en la atención, el bebé nació con diversas complicaciones y fue ingresado a otro nosocomio, donde 15 días después falleció por sepsis nasal, encefalopatía hipóxico-isquémica, asfixia perinatal y prematurez.

En tanto, mujeres que fueron separadas de sus hijos por sus esposos se manifestaron ayer en Jalapa para exigir a las autoridades estatales castigar la sustracción de menores.

Brenda Rodríguez, Monserrat Sangabriel y Diana Mayén se conocieron en la sala de espera del juzgado sexto de lo civil, donde las tres presentaron denuncias contra los padres de sus hijos. La primera acusó a su marido, Manuel Jiménez, de llevarse al hijo de ambos en abril de 2010, la demandó por pensión y abandono, y ahora ella debe pagarle 4 mil pesos mensuales, sin derecho de ver al pequeño.

Las tres acudieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena de Veracruz, sin éxito. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena analizan sus casos.

Con información de Eirinet Gómez, corresponsal