Bogotá, 24 de julio. Más de 28 mil integrantes de la fuerza pública fueron movilizados hoy en el departamento de Valle del Cauca, en el sur, escenario en las últimas semanas de enfrentamientos entre indígenas con uniformados y miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El despliegue ocurre un día después de que el ministro del Interior, Federico Renjifo, sostuvo un encuentro con indígenas de esa región, que rechazan la presencia en sus territorios tanto de la fuerza pública como de las FARC. Valoró la reunión como muy positiva y dijo que habrá otro acercamiento el próximo viernes.

En este contexto, las FARC ratificaron que jamás entregarán sus sueños en una denigrante rendición y desarme mientras no ocurra una transformación profunda de las condiciones de este país que posibiliten la paz.

Sobre los recientes acontecimientos en el municipio de Toribío, en Valle del Cauca, el grupo guerrillero aseguró que se suma a una serie de hechos bochornosos para el país.

El ejército es el agresor: FARC

En una declaración difundida por la Agencia Bolivariana de Prensa, las FARC subrayaron que la gente del Cauca y gran parte de Colombia exigen el cese la guerra. Aseguraron que el gobierno de Juan Manuel Santos acusa a las FARC de perturbar la vida de los habitantes de esa región y por eso incitan a la arremetida contra los guerrilleros.

La verdad es muy distinta, son ellos (el ejército y policías) los agresores, son ellos los ladrones, remarcaron las FARC, que apelaron a la historia de esta nación donde indígenas y campesinos han sido víctimas de la violencia gubernamental.

El grupo armado advirtió que los últimos gobiernos vendieron la idea de la derrota al narcotráfico obtenida con el Plan Colombia y ahora se descubre la escandalosa verdad.

De su lado, la central sindical de Estados Unidos AFL-CIO denunció que el gobierno de Colombia no ha garantizado eficazmente los derechos laborales ni frenado la violencia contra sindicalistas, como se comprometió bajo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países.

A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno de Santos, la AFL-CIO piensa que todavía queda mucho por hacer para asegurar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos sin poner en riesgo sus vidas, consideró un informe de la central sindical.