En comisiones, el Congreso rechazó la decisión del gobierno de Felipe Calderón de firmar el Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA) y citó a comparecer al secretario de Economía, Bruno Ferrari; al director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), José Rodrigo Roque Díaz, y a un representante de la cancillería, para que expliquen los términos en que se signó el tratado y por qué se desatendió la recomendación en contra del Senado.

En reunión de la segunda comisión de la Permanente se acordó solicitar al presidente Felipe Calderón que antes de solicitar al Senado la ratificación del ACTA establezca una reserva para que no se aplique en México el artículo 27 del tratado y otras disposiciones que puedan afectar derechos fundamentales.

Durante el debate, el diputado Carlos Flores Rico (PRI) sostuvo que una salida digna sería ratificar el acuerdo con reservas que protejan la propiedad intelectual y la libertad de expresión.

El perredista Francisco Javier Castellón recalcó que no puede haber medias tintas y consideró fundamental la comparecencia de los funcionarios para conocer qué tan poderosas razones tomó en consideración el Ejecutivo federal para firmar un tratado contra el cual había oposición unánime del Senado.

Originalmente se propuso citar a comparecer a la canciller Patricia Espinosa, pero la senadora Adriana González (PAN) se opuso con el argumento de que la Secretaría de Relaciones Exteriores no participó en la negociación del ACTA.

En el acuerdo que hoy se votará en el pleno de la Comisión Permanente senadores y diputados argumentaron que su rechazo al tratado se debe a que el gobierno de Calderón no respetó la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica y se ignoraron las conclusiones aprobadas por la Cámara de Senadores el 6 de septiembre de 2011.

Resaltaron que el ACTA es un instrumento que puede vulnerar el orden constitucional y los derechos humanos de los mexicanos.

En el resolutivo se hace un exhorto al presidente Calderón a que realice las gestiones necesarias para que previo a la ratificación se establezca una reserva de México a efecto de que no sea aplicable en el país el artículo 27 del ACTA, así como otras disposiciones que puedan afectar derechos fundamentales.

En el resolutivo se reconoce la voluntad entre las naciones para preservar y defender los derechos de la propiedad intelectual y de autor, pero se advierte que dichas acciones no deben dañar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de prensa e información”.

En el dictamen se menciona que mediante un comunicado de prensa del IMPI, el gobierno federal aseguró que la firma del convenio tiene la finalidad de combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas.