El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) comenzó ayer la resolución de los juicios de inconformidad presentados en contra de los resultados de la elección presidencial.

Durante la sesión de este miércoles desechó siete demandas de ciudadanos que exigían la anulación de los comicios, cuyos cómputos dieron por ganador al priísta Enrique Peña Nieto.

Los magistrados señalaron que los solicitantes carecían de legitimidad para establecer el litigio; la ausencia de la firma autógrafa, y el uso de una vía jurídica distinta a la reconocida por la ley para controvertir los resultados de los comicios del 1º de julio.

Constancio Carrasco Daza, integrante de la comisión que elaborará el proyecto de calificación de la elección presidencial, prometió analizar los argumentos de los ciudadanos durante la resolución de la inconformidad promovida por la alianza partidista de izquierda que postula a Andrés Manuel López Obrador.

Resaltó la importancia de los conceptos de agravio presentados por los ciudadanos y adelantó que los tomarán en cuenta para el análisis que se avecina, cuyo plazo máximo de resolución es el 6 de septiembre.

Flavio Galván explicó que las demandas de los ciudadanos fueron desechadas debido a que la promoción de este tipo de impugnaciones corresponde únicamente a los partidos políticos o coaliciones.

Todos los magistrados coincidieron en que los tribunales deben respetar las formalidades del procedimiento.

Son actos personalísimos, añadió, por lo que no se puede enviar una demanda como si fuera un manifiesto a un tribunal, porque eso correspondería a un proceso político, no jurisdiccional.

Mientras tanto, el TEPJF integró en su página electrónica www.te.org.mx un micrositio de los pormenores de la comisión calificadora de la elección presidencial, incluidos estrados electrónicos para la consulta correspondiente. En esta comisión están los magistrados Galván, Carrasco y Salvador Nava.

En otro asunto, el tribunal ordenó al IFE informe al PRD sobre la admisión y trámite que se dio a la queja interpuesta en la Junta Local Ejecutiva de Durango, en contra del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, por rebasar los topes de gastos de campaña fijados por ese organismo para el proceso electoral federal en curso.

Lo anterior al resolver un recurso de apelación, a través del cual el PRD denunció la omisión del IFE para tramitar y resolver dicha queja.