Senadores y diputados de PRI y PRD, e incluso del PAN, consideraron que la decisión del presidente Felipe Calderón de presentar una controversia constitucional contra la decisión del Congreso de publicar la ley general de víctimas frena esa legislación, que puede quedar pendiente hasta la próxima legislatura.

Hasta ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no había notificado al Congreso sobre la controversia a la que dio entrada un día antes. Cuando el documento se reciba, el Senado que ordenó la publicación de la ley el pasado 25 de junio como cámara de origen, tendrá un plazo de 30 días para presentar argumentos y rebatir los dichos del presidente Felipe Calderón.

El senador Ricardo García Cervantes (PAN) señaló que es probable que cuando la SCJN resuelva la controversia ya haya concluido la legislatura actual, a la que le queda poco más de un mes. Consideró que fue innecesario ese recurso, ya que si el Ejecutivo tenía observaciones a la ley debió presentarlas a tiempo.

Señaló que le parece sospechoso que Felipe Calderón haya vetado la legislación, precisamente el pasado primero de julio por la noche.

Acerca de la posibilidad de que haya diálogo entre legisladores y autoridades de la Secretaría de Gobernación, consideró que pueden sentarse a negociar, aunque la pregunta es ¿por qué fuera de los plazos legales?

La Ley General de Víctimas, insistió, está sujeta a modificaciones, sobre todo en el tema del financiamiento necesario para apoyar a los agraviados y sus familias, que es una de las preocupaciones, y está la expectativa de un cambio de gobierno. Ya son dos los interesados en el cuidado del presupuesto, pero espero que también sigan interesados en la protección de las víctimas.

Por separado, el presidente del Senado y de la Comisión Permanente, José González Morfín (PAN), sostuvo que no hay agravios en ese litigio, sólo una diferencia de opiniones acerca del plazo para que el Ejecutivo presentara observaciones a la legislación, que la Suprema Corte debe dirimir.

A su vez, el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, recalcó que la decisión de Calderón de presentar una controversia deja en el limbo la ley general de víctimas. Agregó que en la propia legislación se da un plazo de 180 días para su instrumentación, plazo que pudo aprovecharse para mejorarla o para que Calderón hubiera presentado sus observaciones en una iniciativa.

Igualmente, el diputado Ramón Martel (PRI) consideró que lo grave es retrasar la entrada en vigor de esa normativa, que debió publicarse y después plantear modificaciones.

Se sabe que el senador priísta Jesús Murillo Karam, uno de los autores de la legislación, asistió a Gobernación para discutir una posible solución.

Al respecto, el senador perredista Carlos Sotelo consideró que Calderón sepultó la ley.