e nueva cuenta Coahuila está de luto: en el municipio de Múzquiz una explosión de gas metano provoca una nueva tragedia donde mueren siete mineros en un pocito de carbón.

Desde que tengo uso de razón, recuerdo las recurrentes tragedias relacionadas con las minas de carbón en mi estado natal. Barroterán, Pasta de Conchos, son nombres grabados en la memoria colectiva, de tragedias que han impactado la conciencia nacional.

La búsqueda de culpables y el reparto de responsabilidades se queda en lo inmediato. Las condiciones de trabajo son deplorables, la vida de los mineros es un auténtico infierno; sin embargo, el Estado mexicano sigue sosteniendo un modelo económico que impacta directamente en la aparición de estas recurrentes tragedias.

El componente principal del gas grisú es el metano y se forma a la par del carbón. Dicho gas en un 95 por ciento se encuentra absorbido por el carbón y el otro 5 por ciento se encuentra libre entre grietas y fisuras del propio carbón. Dependiendo de la densidad y concentración del gas metano dentro de las minas, se incrementa o disminuye el riesgo de explosión.

Las normas internacionales en materia de minería recomiendan primero la extracción del gas grisú de las minas de carbón para evitar intoxicaciones, asfixia, accidentes o explosiones. Con este procedimiento, de llevarse a cabo industrialmente, se aprovecharían las ventajas de este hidrocarburo para efectos de garantizar una parte del consumo nacional.

Actualmente, ante las enormes restricciones hacendarias, que hacen prácticamente imposible la explotación comercial de los depósitos de gas por productores nacionales, debido a las altas tasas tributarias que hacen prácticamente imposible la producción nacional de gas, se opta por ventear el gas grisú, es decir, dejarlo escapar al medio ambiente, para reducir los riesgos de explosiones, situación que impacta en el efecto invernadero, dado que dicho gas es 21 veces más contaminante que el bióxido de carbono.

Esta situación se produce debido a la existencia de una clara orientación de la política energética a favor del capital extranjero, ya que mientras que por un lado se grava considerablemente la producción nacional de gas, lo que impide el desarrollo de la industria y la protección de la vida de los trabajadores mineros, por otro lado se exenta en el pago de impuestos de importación de gas a las compañías extranjeras. No existe ningún argumento que justifique esta situación

Para el gobierno federal, más importante que el interés nacional, las empresas mexicanas, o el costo en vidas de los mineros, es sobreproteger a las empresas extranjeras y contribuir a que éstas obtengan jugosas ganancias en México. Esta contradicción no se trata de un asunto medible sólo en términos de pesos y centavos, se trata, sí, de un gran saqueo al país, pero sobre todo de una enorme desgracia nacional, de algo dramático, porque ha causado la pérdida de muchos cientos de vidas humanas.

La preferencia del gobierno federal por las empresas extranjeras se aprecia mejor cuando se tienen estimaciones de que el volumen de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral es de 2 mil 384 billones de pies cúbicos en el subsuelo, y que podrían recuperarse y aprovecharse más de 3 mil millones de pies cúbicos por día, que actualmente se desaprovechan y dañan la capa de ozono.

Explotar este enorme potencial energético del gas proveniente del carbón mineral contribuiría a reducir la demanda de gas natural y constituiría una formidable competencia para las empresas trasnacionales que están importando gas –sin pagar impuestos– para su distribución en el país o para producir electricidad que posteriormente transmiten a Estados Unidos”.

El actual esquema impositivo sobre Petróleos Mexicanos es abrumador. “Tiene que aportar a la Tesorería de la Federación y al fisco cientos de millones de pesos diariamente por concepto de pago de derechos e impuestos. Es una situación plena en injusticia que Pemex cargue con el país mientras que, en una actitud entreguista, se brindan todas las facilidades, exenciones, prebendas y canonjías a las empresas extranjeras. El que no se cobren impuestos a la importación de gas natural implica una pérdida recaudatoria de muchos millones de pesos, lujo que México, país con decenas de millones de pobres, no puede darse.

Desgravar la recuperación y el aprovechamiento del gas asociado a los yacimientos de carbón mineral beneficiaría a las tres principales regiones carboníferas que existen en México, ubicadas en los estados de Oaxaca, Sonora y Coahuila, con los consecuentes beneficios económicos, para la protección de la vida de los trabajadores mineros y para la atmósfera de nuestro planeta. El que se fomente y proteja la producción nacional de gas sentaría las bases para una sana exploración y explotación de las enormes cantidades de gas metano, ya confirmadas, que existen en el lecho marino del Golfo de California y los nuevos descubrimientos de gas metano en la zona norte de nuestro país.

No es posible que se siga permitiendo la exención de derechos al gas de importación proveniente del extranjero, mientras a la producción nacional se le impongan tasas que hagan incosteable la explotación del gas que existe en el subsuelo y los lechos marinos de nuestro país. La reducción de los accidentes en las minas mexicanas pasa por la modificación de este inequitativo modelo.