Las autoridades del país deben tomar acciones concretas para asegurar justicia en el caso de los abusos sexuales cometidos contra mujeres en San Salvador Atenco en 2006, y no sólo fingir que lo hacen cuando deben comparecer ante organismos que cuestionan su actuación y les piden cuentas, afirmó Amnistía Internacional (AI) en una carta enviada ayer al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

En la misiva, Javier Zúñiga Mejía, asesor especial en programas regionales de la organización de derechos humanos, consideró positivo el ejercicio de la acción penal contra tres policías implicados en actos de tortura contra mujeres detenidas –uno de los cuales ya murió–, aunque al mismo tiempo consideró que el anuncio sólo tiene fines mediáticos, y levanta serias dudas acerca del compromiso real de las autoridades para asegurar la justicia plena en este caso.

La decisión de emitir órdenes de aprehensión en estas fechas, subrayó el especialista, parece orientada a evitar una crítica severa por parte de los miembros del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), quienes el pasado 17 de julio examinaron el cumplimiento de México en este ámbito.

Además, el hecho de que las víctimas y sus representantes legales nunca hubieran recibido información sobre las órdenes de aprehensión de los policías, los cargos en su contra ni las supuestas consignaciones, es una omisión grave.

AI señaló también que la negación de esta información no es meramente técnica, sino parece confirmar las críticas sobre la conducción del caso por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, que no recabó de forma debida las evidencias disponibles y se resistió a investigar las denuncias de las mujeres víctimas de abusos.