Hay suficiente evidencia para probar que autoridades federales y estatales de Coahuila están rebasadas por la ilegalidad y clandestinaje con el que se extrae el carbón de la región, sin lograr frenar la siniestralidad que recae sobre la vida de los mineros del carbón y sus familias, acusó la Familia Pasta de Conchos, la Pastoral Laboral y el Centro de Acción y Reflexión Laboral (Cereal)

Indicó que nada justifica que desde el siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 trabajadores y ocurrió hace 77 meses, continúe la escalada de siniestros en las minas de carbón, especialmente en los pocitos, sin que autoridades resuelvan esta situación.

La organización lanzó una pregunta a la titular de la Secretaría del Trabajo, Rosalinda Vélez: ¿Cuántos muertos más se tendrán que esperar en los próximos meses y años?, antes de que la dependencia tome, en serio, cartas en el asunto.

Pidió de nueva cuenta a la funcionaria la destitución de Manuel Hernández Rocha, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Coahuila, quien ha tolerado el historial de siniestralidad de la región y de quienes la ocasionan, como el empresario minero Baldemar Cervantes Cadena, encargado del pocito el Hondo, en Minas de Barroterán, municipio de Múzquiz, donde en mayo hubo otro siniestro. Desde el 16 de mayo de 2007, dijeron, ha prestado un servicio público ineficiente ante una siniestralidad que no detiene la autoridad competente: 67 mineros muertos después de los 65 de Pasta de Conchos; 31 de éstos ocurrieronen en 2011.

En esa unidad, la mina no se polvea, no tiene autorrescatador, ventilación, mapas, metanómetros, salida de emergencia ni se barrenaba; las botas y cascos los debían llevar los propios trabajadores. No siempre tenían agua para beber ni baños. Baldemar Cervantes Cadena sólo los registraba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), si había algún siniestro, señalaron.

Sostuvieron que el 16 de marzo en el mismo pocito se accidentó otro trabajador, al cual Baldemar Cervantes llevó a la clínica del magisterio, porque no lo tenía registrado en el IMSS. Lo dio de alta el mismo día del siniestro con un salario de 80 pesos diarios, a pesar de que ganaba más de 400 pesos. Al trabajador le fue amputada la pierna derecha hasta la rodilla.

Denunciaron también que el 6 de enero Jesús Alberto Becerra  Robledo, de 39 años “se siniestró en la mina 7 de MIMOSA Minera del Norte a causa de un caído que le destrozó el estómago; tiene tres hijos, y se encuentra en terapia intensiva en Monterrey. Por todo ello exigen al sindicato y a la empresa apoyo incondicional a los mineros siniestrados y sus familias.