na exigencia ética y humana que deberían tener presente tanto los gobiernos, las iglesias, como las distintas organizaciones de la sociedad, estriba en garantizar el respeto a la dignidad de todas las personas, a partir de un elemental principio de igualdad. La manera de concretarla y de que no quede en palabrería consiste en apoyar la debilidad individual con servicios institucionales que ayuden al hombre y a la mujer en sus necesidades más elementales.

Este principio elemental de solidaridad y racionalidad se hizo presente hace más de 60 años en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); a través de ésta la comunidad internacional definió una sentencia esencial para una nueva convivencia. Así lo señala su artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. En el mismo instrumento jurídico se precisan algunos derechos básicos como alimentación, vestido, asistencia médica, los servicios sociales necesarios y el derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia.

La protección de los más débiles es la piedra fundacional sobre la cual debería construirse cualquier sociedad; permitir que exista un sector de la población sin el goce de derechos fundamentales debe ser motivo de vergüenza para el resto de la sociedad, sobre todo de la minoría que goza en abundancia de satisfactores al grado del desperdicio. Es ahí donde las iglesias deberían ubicar su quehacer fundamental como concreción de su mensaje que convoca al amor al prójimo. La importancia del tema es aún mayor si nos damos cuenta de que la mayor parte de los problemas de una sociedad están ligados a la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades; por ejemplo, sería imposible superar la inseguridad si los millares de jóvenes que son excluidos de la educación y del empleo ven como única opción alistarse como sicarios del crimen organizado. En el terreno laboral, es justificada la resistencia de los trabajadores a ver reducida su estabilidad en el empleo, cuando la posibilidad de contar con seguridad social depende de mantenerlo; si este desaparece se pierde prácticamente el derecho a la vida.

Suele pensarse que la protección social universal es económicamente imposible y que debemos conformarnos con la insultante presencia de niños y viejos mendigando en las calles, exhibiendo su sufrimiento; está demostrado que la situación podría ser de otra manera y que en todo caso se trata de un problema de voluntad política, de organización y de prioridades distintas en el seno de la sociedad. Cuando Andrés Manuel López Obrador planteó en la ciudad de México el apoyo a los adultos mayores, recibió de inmediato la condena de aquellos que sostuvieron que no habría recursos para sostener esta iniciativa. Poco tiempo después, al mostrar sus beneficios, buena parte de los estados lo adoptaron, con distintas modalidades. La mejora en la calidad de vida de esos hombres y mujeres se vio contrastada con la pequeña parte del presupuesto que se destinó para ese propósito.

En la pasada jornada electoral existió un déficit en la discusión sobre la agenda social; sin embargo, todos los candidatos hicieron referencia a un compromiso para transitar hacia la protección social universal. Peña Nieto incluso, suscribió un documento que abarca cuatro temas: derecho a la salud, seguro de desempleo, pensión a adultos mayores y riesgos de trabajo. Es común escuchar múltiples reflexiones teóricas alrededor de la urgencia de construir una nueva ciudadanía; ésta no será posible si no se ve anclada en la satisfacción de necesidades elementales, por la simple razón de que la población subordina valores esenciales a estas exigencias básicas. Se ha constatado con claridad en estos días poselectorales que la existencia de un voto libre sólo será posible si no está atrapado en la necesidad extrema.

Para avanzar en la construcción de un sistema de seguridad social universal, parecen existir algunos consensos. El primero se refiere a la necesidad de revisar las ineficiencias y la corrupción existentes en todo el modelo; por ejemplo, los escándalos en los procesos de adquisición de bienes y servicios, tanto a nivel estatal como federal, se repiten cíclicamente, exhibiendo la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas, sujeta a una vigilancia con participación de la sociedad en sus distintos niveles.

Un segundo consenso es garantizar que los cambios no traigan consigo la pérdida de la calidad de los servicios existentes, por ejemplo, en el IMSS y en el Issste. Un tercer consenso es la necesidad de incrementar los recursos fiscales de carácter permanente. En este punto existe una gran controversia: algunos plantean que debe ser por la vía del incremento al IVA, otros están por suprimir las exenciones fiscales y los privilegios de que gozan algunas grandes empresas y el capital financiero y especulativo, así como fortalecer el ISR con un enfoque altamente progresivo y, en particular, dar importancia al impuesto predial y a las rentas monetarias. Todos insisten en subrayar la importancia de suprimir la evasión fiscal. Lo que resulta claro es que nuestro país requiere de un nuevo pacto fiscal y de una modernización tributaria.

La importancia del tema debería convocar a todas las instituciones de la sociedad para sugerir los mejores caminos para avanzar. Existen ya innumerables diagnósticos de grupos especializados e investigadores. Lo que hace falta hoy es dar un paso para concretar coordinar estos esfuerzos.