La supervía poniente representa una violación sistemática a los derechos humanos de la comunidad, es ilegal y atenta indiscriminadamente contra la ecología, coincidieron especialistas en urbanismo, antropología, ecología y derecho, quienes participaron en un foro en el contexto del segundo aniversario del campamento 26 de julio del Frente Amplio contra la vialidad.

Las autoridades capitalinas no han respetado lo estipulado en la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, firmada oficialmente por el Gobierno del DF el 13 de julio de 2010 que detalla, no sólo el qué queremos sino el cómo avanzar para concretarlo y las responsabilidades que los distintos sectores deben asumir, por el contrario, la capital se ha convertido en un espacio donde rige el dinero, manifestó el urbanista Enrique Ortiz.

La antropóloga Mariana Portal, el biólogo Luis Zambrano y el abogado y asesor legal del Frente Amplio, Luis Fernando García, aseguraron que continuarán trabajando por una ciudad que se disfrute y no se padezca, una ciudad donde se viva bien.

Los académicos destacaron el trabajo de centenares de personas que integran el Frente Amplio cuya actitud desde que comenzó el movimiento es estoica y ahora más fuerte que nunca, pese a la angustia latente ante la represión que pueda ejercer la autoridad.

Insistieron en que las problemáticas que genera la realización de la obra, sin importar lo que digan las autoridades, forma parte de una simulación del gobierno capitalino para hacer creer a los ciudadanos que hay preocupación por el medio ambiente cuando esta vialidad sólo es un negocio.

La activista Cristina Barros y miembro del Frente Amplio subrayó que el desánimo de ninguna manera debe estar entre sus integrantes, ya que después de dos años estamos juntos y fuertes y ésa es nuestra mayor victoria.