Monterrey, NL. El abogado Maxwell C. Agha renunció a seguir asesorando a José Luis Ponce Aquino –quien en Estados Unidos interpuso una demanda contra colaboradores cercanos de Enrique Peña Nieto por presunto fraude–, informó el Comité Directivo Estatal del PRI en Nuevo León, y aseguró que la determinación fue tomada ante la advertencia de posibles delitos en la presentación de una demanda difamatoria y sin fundamento. Durante las pasadas campañas electorales con miras a los comicios del primero de julio, Ponce Aquino acusó a David López, responsable de Comunicación Social de la campaña de Peña Nieto; a Edwin Lino, su secretario particular, y a Roberto Calleja, vocero del tricolor, por un supuesto fraude de 56 millones de dólares, que iban a ser utilizados para impulsar la imagen de su candidato en medios extranjeros. En comunicación dirigida al litigante Christopher Ludmer, representante legal del PRI en el caso, Agha dio a conocer que a raíz de graves inconsistencias en la demanda desistirá como consejero legal de Aquino. El 20 de julio el bufete del señor Ludmer envió una carta a Agha señalando que la demanda presentada por Aquino parece carecer de cualquier fundamento; se encuentra erróneamente promovida y no logra precisar los hechos base. La demanda, ya sea por la ley federal o la del estado de California, solicita una reparación del agravio totalmente inadecuada e intenta imputar delitos tan graves como el de crimen organizado a personas inocentes. El PRI señaló que de acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos y de California estas conductas pueden considerarse difamatorias y ser causal de sanciones severas.