Madrid, 29 de julio. En España, el gobierno conservador del Partido Popular (PP) provocó la reacción de un conjunto de asociaciones de defensa de derechos de las mujeres, tras declarar la intención de prohibir la interrupción del embarazo en casos de malformación del feto.

Este domingo, cerca de una centena de personas participaron en una manifestación en la plaza madrileña de Tirso de Molina para protestar contra la reforma propuesta, argumentando que llevará a España de vuelta a los tiempos de la dictadura franquista.

La multitud protestante, integrada mayoritariamente por mujeres, lanzaba consignas como Nosotras parimos, nosotras decidimos o Ni un paso atrás. Es un retroceso a la época de la dictadura franquista y no estamos dispuestas de ninguna forma a consentir medidas que nos quitan nuestros derechos, explicó Justa Montero, de la Plataforma de Mujeres ante el Congreso, una de las asociaciones organizadoras de la manifestación.

El gobierno confirmó el viernes la intención de modificar la ley aprobada en 2010, durante la etapa socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), la cual permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación.

Autoriza también la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 22 semanas, en caso de riesgo para la vida y la salud de la madre o graves malformaciones del feto y sin límite de tiempo, tras la autorización de un comité médico, en los casos más graves.

El pasado 22 de julio, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó al diario La Razón no entender que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación.

Según una encuesta publicada este domingo por el diario El País, 81 por ciento de los españoles se muestran contrarios a la prohibición del aborto en caso de malformación del feto.

De quienes rechazan esta medida, 65 por ciento aseguraron haber votado por el PP en las elecciones generales del año pasado y 64 por ciento se definieron como católicos practicantes. Para Montero, esta propuesta manifesta una preocupación que luego no se acompaña con otras medidas. Que hagan estas declaraciones al mismo tiempo que el gobierno está quitando todas las ayudas para servicios de atención a personas con dependencia y niños y niñas con malformaciones.

Territorio de ultraderecha

Santiago Barambio, presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo y uno de los autores de la ley del aborto de 2010, dijo que el ministro ocupa el territorio de la ultraderecha en el PP, nacional-católica, que puede ser minoritaria pero muy poderosa económicamente, como por ejemplo el Opus Dei, organización católica implantada en las altas esferas político-económicas de España.

Las asociaciones contrarias al aborto aplaudieron la medida anunciada por el ministro.

Gador Joya, portavoz de la asociación Derecho a Vivir, dijo que prohibir el aborto por malformación del feto no es suficiente, porque hay casi otro 97 por ciento de abortos que se producen en España acogiéndose a lo que nosotros creemos que es un falso supuesto.

Antes de la reforma de 2010, las mujeres podían adoptar la medida únicamente en casos de violación, de deformidad severa del feto o cuando la salud mental o física de la madre estaba en peligro. En su gran mayoría, las 115 cirugías de este tipo en 2009, un año antes de la reforma, se practicaron en clínicas privadas y se justificaron por el riesgo sicológico que el embarazo planteaba para la mujer.