on el telón de fondo de la inconformidad de decenas de miles de aspirantes no aceptados en los ciclos de educación superior del Distrito Federal y el área metropolitana, la Secretaría de Educación Pública anunció ayer que repartirá 50 mil espacios en cien instituciones universitarias públicas y privadas, 5 mil de los cuales corresponderán a becas entregadas por esa dependencia –de entre 20 y 100 por ciento– para cursar estudios en escuelas particulares; 20 mil, a espacios en la universidad abierta y a distancia, y 15 mil más a plazas en institutos tecnológicos.
Nadie puede negar que una responsabilidad inmediata de las autoridades educativas del país es, precisamente, colocar en planteles de enseñanza media y superior a la mayor cantidad posible de muchachos y muchachas que no alcanzaron a ingresar en alguno de los centros educativos administrados por el Estado, habida cuenta del amplio número de rechazados que salen a la luz año con año y del considerable costo social que ello conlleva.
La medida anunciada, sin embargo, reviste por principio aspectos criticables, como que con ella el gobierno federal, en lugar de mejorar y ampliar las instituciones públicas de enseñanza media y superior, insiste en promover, así sea parcialmente, los centros universitarios privados y en generar oportunidades de negocio para sus propietarios.
Es meridianamente claro, por lo demás, que la falta de opciones suficientes de formación profesional para la población del país no se solucionará con paliativos como el referido, sino mediante la atención de las causas estructurales de ese fenómeno, que no son otras que la persistencia de vicios y deficiencias diversas en los ciclos de enseñanza básica –que se reflejan en las carencias que arrastran buena parte de los egresados de esos niveles– y la circunstancia de abandono presupuestario que enfrentan los bachilleratos y universidades públicas, que los vuelve incapaces de dar cabida a la totalidad de jóvenes que demandan oportunidades de estudio. En semejante circunstancia, los exámenes de ingreso a esos centros, más que mecanismos de evaluación del conocimiento, terminan por volverse instrumentos de exclusión educativa que remiten, inevitablemente, al darwinismo económico y social que se ha impuesto en el país en décadas recientes y que preconiza la supervivencia de los más aptos.
La solución real a la creciente demanda de enseñanza en la zona metropolitana y en el país pasa necesariamente por el respeto al carácter universal de la educación en todos sus niveles, por la ampliación de la oferta de plazas disponibles y por la creación de nuevas instituciones universitarias. Esto no se logrará sin la correspondiente dignificación del presupuesto público destinado a ese rubro, que tome en cuenta, como punto de partida, el porcentaje recomendado por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura (Unesco) para la educación en general y para la enseñanza superior en particular (ocho y uno por ciento del PIB, respectivamente).
La consecución de tales objetivos, desde luego, no se logrará únicamente con el compromiso de las autoridades educativas federales de cumplir con sus responsabilidades políticas, legales y administrativas en materia educativa: se requiere, también, de voluntad política y visión de Estado de los integrantes de la Cámara de Diputados –instancia legislativa encargada de aprobar el presupuesto de egresos–, así como de los gobiernos y congresos estatales que tienen la facultad de administrar sus respectivos ciclos de enseñanza. Si hay un terreno en el que cabe apelar a la tan cacareada unidad nacional
entre los distintos actores políticos, representantes y autoridades del país, es precisamente el educativo. Cabe esperar que el siguiente gobierno –con independencia de quien lo encabece— y la legislatura entrante comprendan la importancia de concretar transformaciones reales en este ámbito y actúen en consecuencia.
