Magdalena López Paulino, secretaria ejecutiva de la Red Década contra la Impunidad; Ericka Zamora Pardo, sobreviviente de la masacre de El Charco; Ernesto Rodríguez Cabrera, abogado, y Carlos Galindo, representante del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, anunciaron en conferencia de prensa el inicio de la campaña Contra la impunidad militar y el olvido, luchamos por la justicia, a 14 años de la masacre de El Charco.

Informaron que el pasado 16 de julio el obispo Raúl Vera López hizo entrega formal de la petición de admisión del caso (de la masacre de El Charco) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

López Paulino y Zamora Pardo destacaron que acudieron a la CIDH “en busca de justicia para las viudas y huérfanos de los masacrados, para los sobrevivientes de las ejecuciones y la tortura que ejercieron integrantes del Ejército mexicano contra indígenas”.

Expusieron que presentaron su testimonio ante congresistas de Estados Unidos quienes se comprometieron a dar seguimiento a todo lo relacionado con esta denuncia. Aseveraron que la reunión fue posible por el apoyo de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, así como de Human Rights Watch.

Ericka Pardo, sobreviviente de esa masacre, narró parte de los hechos.

“Ha pasado mucho tiempo. Más de 14 años. Fueron 11 los indígenas ejecutados. Cinco quedaron heridos, uno de ellos era menor de edad, y 22 fuimos detenidos, cuatro menores de edad. Yo estuve presa cuatro años, acusada de terrorismo, asociación delictuosa, acopio y portación de armas. Cuando nos dictaron auto de libertad por esos delitos nos iniciaron otro proceso, ahora por rebelión, conspiración e incitación a la rebelión. Cuatro años estuvimos presos, fuimos absueltos de todos los cargos”.

Zamora Pardo manifestó que los acusados y denunciados por los hechos son los generales “Alfredo Oropeza Garnica, que fue uno de los que estuvieron en el operativo y era comandante de la 27 Zona Militar, y Luis Humberto López Portillo Leal, que era comandante de la novena Región Militar, adonde nos llevaron detenidos y fuimos torturados y obligados a firmar declaraciones”.

Narró que “los soldados llegaron a la comunidad la madrugada del 7 de junio y empezaron a disparar, no se presentaron como miembros del Ejército, sino hasta después de unas horas. Nos pidieron que saliéramos con las manos en alto, que entregáramos las armas, les dijimos que íbamos a salir en cuanto amaneciera, porque pensábamos que nos iban a matar. A las seis de la mañana salió un primer grupo de indígenas, con las manos en alto, les dijeron que se tiraran boca abajo en la cancha, y cuando lo estaban haciendo los militares dispararon. Los indígenas vestían ropa típica y no iban armados. Ya estaban rendidos y sometidos, ¿por qué los ejecutaron?”

Relata que “un par de horas más tarde nuevamente los militares nos dicen ríndanse, y otro grupo salió, y pasó lo mismo, los ejecutaron. A las 7:30 de la mañana yo salgo con las manos en alto con el último grupo que quedábamos. Me dicen que me tire en la cancha, boca abajo, y cuando lo hago empiezan a disparar, los que venían atrás de mí, cayeron, eso es lo que estamos denunciando”.