Múzquiz, Coah., 4 de agosto. A José Ismael Franco Delgado le salvó la vida una lámpara. A cien metros bajo tierra en el pocito de carbón Quintanilla de la Florida, se le acabó la luz después de una hora de estar picando la pared. Subió a la superficie montado en un tambo de acero tirado por el malacatero. Eran como las ocho de la mañana y mientras buscaba una batería de repuesto para la lámpara de su casco lo sorprendió una explosión seguida de la llamarada tornasol: Tronó y coloreo. Allí quedaron mis seis compañeros.

En 15 días, 15 mineros muertos. Los últimos seis, en la mina 7 de la Unidad Mimosa del municipio de Progreso del Grupo Acerero del Norte (GAN), propiedad de la compañía Altos Hornos de México (AHMSA) del empresario Alfonso Ancira Hernández, uno de los 10 hombres más ricos de México. La veta carece de condiciones de seguridad laboral

En esta región carbonífera de donde se extrae 90 por ciento de la producción nacional, hay un interminable camino de mineros muertos: 150 desde pasta de Conchos.

José Ismael es carbonero, el último eslabón de la cadena de explotación. Los números de la minería del carbón hablan por sí solos. Gana de 900 a mil 200 pesos a la semana, cantidad que se puede elevar siempre y cuando incremente su producción de tonelaje y el patrón le otorgue un generoso bono de 200 a 500 pesos. Cada mil kilos de carbón se los pagan a 30 pesos, pero el cuerpo sólo le permite 20 toneladas a la semana trabajando de 8 a 10 horas diarias. Su patrón, el ex alcalde priísta Federico Lico Quintanilla Rojas se lleva en cambio, 100 mil pesos a la semana, vendiendo el mineral a grandes empresas como AHMSA o Grupo México y al gobierno que funge como intermediario ante la Comisión Federal de Electricidad.

En realidad, a José Ismael que bajó a la mina a los 15 años, le gustaría sacar más toneladas de carbón para llevarle más comida a sus cinco hijos y su esposa, pero las condiciones laborales no se lo permiten. El pozo vertical de cien metros en el que trabaja tiene cuatro cañones de 20 metros y apenas metro y medio de alto, lo cual le obliga a sacar el carbón, hincado o encorvado, lo que le provoca fuertes dolores de cadera y espalda. No lleva mascarilla, ni faja; mucho menos lentes, tapones para los oídos o guantes; tampoco usa un yelmo nuevo porque le cuesta mil pesos. Apenas pudo conseguir de segunda un viejo casco azul de plástico a cien pesos. De hecho, en el llamado material de desecho, compró también unas botas ajadas y un cincho raído para amarrar la carretilla a su cintura y tirar con su cuerpo, carbón hasta la plataforma buscando sumar toneladas.

Sus condiciones de salud tampoco le ayudan. Apenas tiene 37 años pero sus pulmones trabajan a un porcentaje inferior del debido, al igual que el oído. Lleva 18 años trabajando de minero y no tiene Seguro Social, Infonavit, ni ninguno de los beneficios que marca la Ley Federal del Trabajo. No conoce las vacaciones, los bonos de despensa, el aguinaldo o las utilidades: ¿Por qué trabajo así?... Por lo mismo que todos: para vivir. No hay de otra. Dos veces me ha querido tumbar el gas. Esta vez, me salvé. Fue un milagro, pero tengo que regresar porque tengo familia, le voy a seguir, hasta que Dios diga.

Pocitos de la muerte

Recorrer la región carbonífera de Coahuila es caminar por un campo minado lleno de agujeros. En esta zona, el termómetro sube hasta 54 grados. Los mineros que trabajan en los cientos de pocitos de carbón perforados sin control y bajo la cómplice mirada del gobierno priísta de Rubén Moreira, aguantan durante horas hasta 80 o 90 grados de temperatura sin ningún tipo de ventilación.

Barroterán es el centro neurálgico de la minería clandestina auspiciada por los grandes grupos empresariales del carbón. Aquí en todas las familias hay mineros. Los niños empiezan a bajar a los pozos a los 13 años. Los padres mueren jóvenes, por enfermedad, a los 50 o 60 años; o antes en una mina, por un golpe de gas, un derrumbamiento o una inundación; o en otros casos, quedan mutilados o lisiados el resto de sus días.

La cadena de producción de la nueva esclavitud del siglo XXI se extiende por toda la región: 50 mil hombres trabajan oficialmente en las minas y otros 30 mil en los pocitos clandestinos de carbón. La extracción sin control, la voracidad de los poceros, la ambición desmedida de los grandes empresarios y la indiferencia de la Secretaria del Trabajo, han provocado que esto se haya convertido en una zona de desastre recurrentemente de luto. Cada semana, hay siniestros, heridos, mutilados, muertos y otros eventos que son silenciados por los patrones bajo amenaza y los pocitos siguen funcionando, incluso después de las desgracias.

Ser minero es un destino. No me hallo trabajando acá en la superficie. Sabemos que bajamos, pero nomás Dios sabe si vamos a salir, dice en entrevista José Ismael, el carbonero sobreviviente al derrumbe en la mina 7 de Progreso, el pasado viernesFoto Sanjuana Martínez

Inspecciones, pero no cierres

“El pocito Quintanilla fue inspeccionado 16 veces antes de que explotara, pero nunca clausurado. Ahora esta cerrado por la muerte de los siete mineros, pero sabemos que puede reabrirse en cualquier momento. Las inspecciones resultan ineficientes porque no muerden. La peor multa es de un millón de pesos: eso no significa nada para un pocero que gana 25 millones de pesos al mes”, dice Cristina Auerbach Benavides, dirigente de la organización defensora de los mineros, Familia Pasta de Conchos.

La zona está acordonada por listones amarillos. Los restos de la tragedia se aprecian aún: una mascarilla colgada de un hilo, mecates tirados por el suelo, pedazos de madera y acero:

“Aquel día llegaron todos muy contentos. Borrado, me gritaron desde lejos y empezaron a bromear muy bonito. Los abaje (sic) de dos en dos. Luego zumbó, tronó y salió la llama. A las tres horas me los sacaron todos quemados”, dice Raúl López Robles, malacatero del pocito Quintanilla, convertido ahora en vigilante. Está sentado en una banca de madera y recuerda que ese día no había un gasero encargado de vigilar los niveles de gas, sencillamente porque los patrones no los contratan. Las lágrimas y los sollozos no le permiten seguir hablando. Se talla los ojos azules con la mano y muestra la inversión del pocero, un equipo rudimentario, con el que operan los pocitos de manera medieval, que consiste sólo en un malacate, un cable de acero, un mecate de ixtle y un motor de una camioneta Ford de los años 60.

En un pozo nunca he jalado, y en las minas siempre he estado arriba de malacatero. Yo nunca quise bajar, ni bajaré. Está muy feo, dice Raúl López el Borrado, de 55 años y 30 de minero, mientras se acerca al pozo para mostrar el gorgoteo del agua que aún persiste por las bolsas de gas grisú, el enemigo silencioso e invisible de los mineros.

Es gas que no se ve y no se huele y sólo avisa con el golpe del minero que cae de manera instantánea al respirarlo. “Antes bajaban a los canarios para ver si había gas. Si salían quería decir que no había. Ahora los canarios son los mineros. Este pocito está cerrado, pero al rato lo abren otra vez”, dice con una leve sonrisa de resignación.

El martirologio minero aumenta de manera inexorable ante la indiferencia del gobierno federal: en el pocito Binsa, 14 muertos, y un niño de 14 años mutilado; en la mina Lulú, dos; en La Encantada, uno; en la Siderúrgica II murieron dos; en el pocito Agujita, uno; en la carboeléctrica José López Portillo de la CFE murieron cuatro trabajadores, uno de ellos, menor de edad.

Las empresas son las mismas: Minera Díaz, MINSA/AHMSA, PEMSA/AHMSA, AlvaRam, El Sabino SA de C., Minería y Acarreos de Carbón SA de CV y Beneficios Internacionales del Norte SA de CV (BINSA), Compañía Minera El Progreso, SA de CV, Industrial Minera México (IMMSA) del Grupo México.

Este es un negocio de caciques locales priístas, ex presidentes municipales, ex gobernadores, entre otros políticos y empresarios, advierte Auebarch, teóloga y miembro del Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) comprometida con la defensa de los derechos laborales de los mineros.

Y ofrece la lista de los responsables dueños del negocio minero: “Alfonso González Garza y Jesús María Montemayor Seguy, padre del actual presidente municipal de Sabinas y hermano de Rogelio Montemayor, ex gobernador del estado de Coahuila y funcionario de Pemex inhabilitado por mal manejo de recursos. También está el ex gobernador Enrique Martínez; el ex alcalde de Progreso, Jesús Montemayor, presidente municipal de Sabina; su tío es el concesionario de Binsa; Nerio, presidente municipal de San Juan de Sabinas, Nueva Rosita: su papá es contratista en tajos y empresas mineras. Antonio Gutiérrez, con cadena de supermercados, tiene pocitos de carbón; Salvador Kamar Apur, dueño del periódico La Voz, es propietario de la mina Lulú donde han muerto cuatro.

Los medios de comunicación son de ellos junto con las minas de carbón. Las tiendas también son de ellos, junto con los pocitos. Hay un control absoluto”.

El carbonero sobreviviente, José Ismael, está sentado afuera de su casa ubicada en el poblado de La Florida. Su hijo de cinco años se mece en un columpio hecho con una llanta de trailer, colgado a un árbol Rompe Vientos. Dice que sabe albañilería aunque prefiere seguir siendo minero pese a todo: Es un destino. Mi padre fue minero. Ya me impusé a andar abajo. No me halló trabajando acá en la superficie. Sabemos que bajamos, pero nomás Dios sabe si vamos a salir.