En México habitan 5 millones 739 mil 270 personas con algún tipo de discapacidad, cifra equivalente a 5.1 por ciento de la población nacional, quienes sistemáticamente se enfrentan a la discriminación y al desempleo, lo que les obstaculiza ser autosuficientes.

Ante esta realidad, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, consideró que una sociedad incluyente es aquella que reconoce y respeta los derechos humanos de las personas en esta condición. Este grupo en situación de vulnerabilidad debe gozar, plenamente y en condiciones de igualdad, de todos los derechos.

Durante los primeros cinco meses de 2012, el organismo atendió 430 expedientes de queja por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de personas con algún tipo de discapacidad.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, define que las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que de cada 100 personas con discapacidad que viven en México, 39 la tienen porque sufrieron una enfermedad; 23 están afectados por edad avanzada; 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer; 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente, y ocho debido a otras causas.

El Informe Mundial sobre Discapacidad, dado a conocer por la Organización Mundial de la Salud en 2011, asienta que más de mil millones de personas en el mundo viven con alguna forma de discapacidad, alrededor de 15 por ciento de la población mundial. De ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.

Problema mundial

El reporte agrega que en todo el orbe las personas en esta situación tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que quienes viven sin esa condición. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas.

La CNDH informó que para atender este tema promueve, protege y supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyos principios generales destacan: el respeto a la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión en la sociedad, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la igualdad entre el hombre y la mujer.

Agregó que por conducto de la dirección general de atención a la discapacidad, lleva a cabo diversas acciones para facilitar el acceso de las personas con limitaciones a oportunidades de salud, empleo, educación, transporte y esparcimiento en condiciones de igualdad.