Osuna, España., 8 de agosto. Un grupo de militantes de izquierda provocó un escándalo en Andalucía, al sur de España, jugando a Robin Hood al apoderarse de carros de supermercado repletos de alimentos para denunciar las desigualdades en esta región, donde la crisis y el desempleo hacen estragos.

Encabezados por Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de la pequeña localidad andaluza de Marinaleda, y diputado regional del partido ecolo-comunista Izquierda Unida (IU), el grupo realizó operaciones en dos supermercados de Écija y Arcos de la Frontera. Horas más tarde el Ministerio del Interior anunció haber lanzado una orden de detención contra el grupo y su dirigente, pero no ofreció mayores detalles.

La crisis que sacude a España es especialmente grave en Andalucía, donde 33.92 por ciento de la población está desempleada. En una España sumida en la crisis, el acceso a la alimentación y a la vivienda se han convertido en bandera de combate de militantes y asociaciones.

En Cataluña otro caso produjo perplejidad. El ayuntamiento de Girona anunció el martes que instaló candados en las basuras de los supermercados para evitar que la gente rebusque comida allí.

Ha vuelto el franquismo

Los militantes salieron de los comercios empujando carros llenos con pasta, aceite, galletas y otros alimentos que querían distribuir en los comedores populares. El caso provocó un verdadero escándalo y la izquierda y derecha, los grandes partidos políticos denunciaron la acción. La cadena de supermercados Mercadona, una de las dos atacadas, presentó una demanda.

Mientras tanto, los participantes, muchos de ellos obreros agrícolas, estaban instalados entre mesas y carpas en una propiedad en pleno campo andaluz, Las Turquillas, al este de Sevilla entre Osuna y Écija. Desde hace más de dos semanas ocupan esta finca de mil 200 hectáreas, propiedad, según afirman, del Ministerio de Defensa, para reclamar un mejor reparto de las tierras en esta región donde se perpetúa la tradición de los grandes terratenientes.

Lo que hemos hecho es expropiar alimentos y entregárselos a unos comedores sociales, afirma en el campamento José Caballero, responsable del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que había participado en la operación de los supermercados.

Si eso es delito, que nos detengan a todos sin problema, aquí estamos, agregó. Para nosotros lo inhumano e ilegal es que una persona tenga que buscar en la basura para poder comer, subrayó.

Ha vuelto el franquismo, lanza Sánchez Gordillo, que estableció en Marinaleda, el pueblo que gobierna desde hace más de 30 años, un sistema de democracia participativa conocido en toda España.¿Por qué no detienen a los banqueros que roban miles de millones?, se indigna, instalado con sus compañeros a la sombra de una cabaña hecha de bambú. Y promete: “si nos echa la Guardia Civil volveremos.

Ha llegado ya el momento de hacer acciones que rocen la ilegalidad, porque hay personas que lo están pasando muy mal y no podemos seguir con los brazos cruzados, agrega Caballero. El caso de los supermercados provocó la ira del conservador Partido Popular, en el poder.

Es el camino de la violencia, el camino de la ilegalidad, lanza Rafael Salas, diputado del PP andaluz. Pero para IU, que en coalición con los socialistas participa en el gobierno autónomo andaluz, el contexto de crisis puede explicar este golpe de genio de uno de sus diputados.